Los empleados de la Junta de Extremadura cobrarán en la nómina del próximo mes de enero el 2,5% de subida salarial fija establecida para 2023, que se podría incrementar hasta un punto en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Producto Interior Bruto (PIB).

Así se acordó este miércoles en la Mesa General de Negociación de la Administración, que presidió en Mérida la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y en la que están representados los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

La aplicación del punto adicional de incremento retributivo para 2023 se negociará en el mes de septiembre, según se ha decidido en la reunión, de cuyos acuerdos hicieron un balance positivo la Junta, UGT y CCOO, mientras que el sindicato mayoritario, CSIF, se mostró muy crítico. PIDE, por su parte, también mostró su disconformidad.

En la reunión también se ratificó, como ya había anunciado el Ejecutivo regional, que los empleados de la Junta perciban en la nómina de este mes de noviembre el 1,5% pendiente de la subida salarial de 2022 y los atrasos acumulados desde enero a octubre, lo que supondrá un desembolso de unos 36 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Los trabajadores de la Administración autonómica ya vienen cobrando desde enero el otro 2% del incremento retributivo para 2022, que alcanza en total el 3,5%.

Las reacciones

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, calificó de «irrisoria e insignificante» la subida para el año 2023, aunque sea «bienvenida», y acusó a los gobiernos tanto central como autonómico de «empobrecer» aún más a los trabajadores de la Junta.

Román consideró que han perdido una «oportunidad histórica» de haber dignificado la labor de los empleados con un aumento en función de la desviación del IPC, como se ha hecho con otros colectivos.

En su opinión, podrían haber mandado un «mensaje claro y directo» al sector privado para que hiciera un esfuerzo también en materia de salarios.

Sobre la subida de 2022, de un 3,5%, expresa que los informes europeos y nacionales estiman que la desviación de los precios estará este año en el 9,5%, lo que significa la pérdida de seis puntos en poder adquisitivo.

«Una pérdida acumulada del 26%»

Desde 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les rebajó su nómina entre un 5 y un 10%, acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20%, que a final de este ejercicio alcanzará el 26%, «una auténtica barbaridad», según el presidente de CSIF Extremadura.

A ello ha sumado los 11 meses que se les adeudan de la subida salarial del 2% de 2020, que ni se ha pagado y que «la Junta no tiene pensado pagar», tal y como aseguran se evidenció en la reunión.

«Falsa negociación»

Por su parte, desde PIDE hablaron de «falsa negociación» para «beneficiar» en las elecciones sindicales a CCOO, CSIF y UGT. «Todas las cuestiones del orden del día habían sido aprobadas previamente por el Gobierno central, siendo de obligado cumplimiento. Han escenificado el engaño de la subida salarial del 1,5%, que atrasos de enero a noviembre, y del 2,5 % para el 2023, que es de obligado cumplimiento al haberse aprobado por el Gobierno de España», expresaron. 

Asimismo, añadieron: «La Junta de Extremadura y los tres sindicatos referidos nos siguen adeudando, por acción u omisión, la subida salarial de 2020 que tenemos recurrida judicialmente en el Tribunal Supremo».