La Junta de Extremadura valora positivamente revisar la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como las Ley del ‘solo sí es sí’, ante la controversia surgida por la rebaja de las penas de algunos convictos por delitos sexuales en aplicación de la nueva norma: «Esta es una cuestión dolorosa que debe arreglarse cuanto antes. Por eso hay que reconocer al Gobierno esa disposición a que, si algo no está bien, se cambie. Y hay que ser diligentes en ese cambio para que no siga habiendo rebajas de penas en ese sentido», ha expresado la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña. «Porque no fue con la intención con la que se legisló ni el sentido en el que se legisló», añadió en Cáceres antes de presidir la comisión para la erradicación de la violencia de género. Un apunte en el que coincide la abogada penalista Estrella Santiago: «El objeto y el ámbito de la ley era muy diferente del que se está aplicando, no era rebajar las penas, sino proteger a las mujeres. El tema ha sido no incluir excepcionalidades y dejarlo a la libre interpretación», dice. «Han cogido la ley literal y no se ha valorado ni ponderado los casos», añade.
Más crítica se muestra con la norma Pura Márquez, también abogada y técnica jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex): «Han hecho un refrito unificando los delitos de abuso y agresión. La ley es una chapuza y no se ha tenido en cuenta la aplicación y ejecución de la misma. Ya se advirtió en su momento desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por parte de juristas de renombre y desde las propias asociaciones», opina.
Ambas letradas explican que al unificarse los dos delitos también se amplió el abanico de las condenas, por lo que los convictos por penas que se han rebajado en la actualidad se acogen a los nuevos tiempos. «Tal y como recoge el artículo 2 del Código Penal toda ley favorable al reo tiene retroactividad. Al igual que hay irretroactividad cuando la modificación es desfavorable. No sé cómo van a salir de esta porque ya no se puede solucionar así como así», explica Márquez. «La ley dice que se debe valorar si se reduce la pena al reo, que se beneficiarán las penas mínimas pero ponderando las circunstancias», subraya Santiago.
¿Machismo?
Las dos abogadas coinciden en que lo más probable es que el Gobierno esté esperando antes de hacer ningún movimiento a que estas nuevas sentencias se recurran por las víctimas al Tribunal Supremo y sea este el que unifique criterio y siente jurisprudencia. En cuanto a las críticas de Igualdad a los jueces, Márquez lo tacha de «pueril y muy peligroso»: «El tribunal lo que hace, en una sentencia mínima, es revisarla y ajustarla. Se adaptan las condenas a la retroactividad, no se juzgan de nuevo los hechos», narra, y pone como ejemplo el caso señalado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en redes sociales en el que decía que en la reducción de condena de un padrastro que había agredido sexualmente a su hijastra no se había tenido en cuenta el abuso de superioridad: «No es que el tribunal ahora lo obvie y por eso se reduzca la pena, sino que este supuesto no se incluyó en la primera sentencia por lo que tampoco cuenta ahora», remacha Márquez.
«Yo no puedo valorar si el juez es machista o no. Es imposible saber los valores de cada persona. En concreto, en los casos que hasta ahora han salido en prensa, creo que no se debería haber reducido la pena a estos tipos», insiste por su parte Santiago. «Pero evidentemente algo está pasando, alguna laguna hay», reconoce.
En la región, por el momento, no constan peticiones de revisión ni de reducción de condena en ninguno de sus juzgados. Situación que Adhex prevé que cambiará: «En nuestras cárceles también hay violadores y agresores sexuales y, dentro de prisión, cuando hay una reforma de estas, las personas que están encarceladas lo primero que hacen es a agarrarse a cualquier resquicio que haya en las leyes para poder ver reducida su condena. Es algo que probablemente pasará en Extremadura y en toda España», sentencia Márquez.
Rifirrafe entre María Guardiola e Irene de Miguel en redes sociales
La candidata popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la diputada autonómica por Unidas Podemos, Irene de Miguel, se enfrentaron este miércoles en redes sociales a cuenta de la controversia generada por las reduciones de pena en aplicación de la Ley del ‘solo sí es sí’.
«Tenemos leyes feministas que nos protegen y jueces machistas y reaccionarios que nos agreden», escribía De Miguel en un tuit, a lo que Guardiola respondía: «Querida Irene, no hay malas o buenas interpretaciones de la ley, hay leyes mal o bien hechas. El CGPJ avisó de lo que podía pasar. Ahora que ha ocurrido la culpa es de los ‘jueces machistas’. El machismo es un problema muy serio, no un comodín para tapar vuestros errores».
La diputada morada contratacaba con otro mensaje: «Querida María, utilizar de esta manera torticera las leyes es lo mismo que decir que una violación en manada es un jolgorio o que a un violador se le conmute la pena por hacer un cursillo… El machismo es tan serio que es hora de reconocer que hay un problema con la justicia». A esto Guardiola contestaba en un hilo en el que acusaba al Gobierno de coalición de «soberbia» y pedía: «Reformad la ley, escuchad a los juristas, legislad con precisión. Dejad de echarle la culpa a los demás de vuestra incapacidad (...) El informe que hizo el CGPJ sobre el peligro de la ley fue aprobado por unanimidad entre los vocales conservadores y progresistas». Guardiola sentenciaba: «Efectivamente Irene aún hay mucho que avanzar, por eso es incomprensible que vuestra Ley no solo no solucione los problemas existentes, sino que además ha creado nuevos que no existían».
El CGPJ niega las acusaciones de «machismo» de Igualdad
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantó cara a las acusaciones de «machismo» de las responsables del Ministerio de Igualdad a los jueces por el goteo de rebajas de condenas que se han dado a conocer en las últimas horas en aplicación de la Ley del solo sí es sí.
Tribunales de Madrid, Galicia, Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña han dictado ya resoluciones judiciales que benefician a agresores sexuales por la modificación del Código Penal en virtud de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que entró en vigor el 7 de octubre e incluso se han producido las primeras excarcelaciones.
Un goteo que previsiblemente afectará a centenares de condenas y del que las principales responsables de Igualdad, la ministra Irene Montero; su número dos, Ángela Rodríguez; y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, responsabilizaron sin ambages a los jueces. A su juicio, el problema no está en la ley, está en los jueces que no la aplican «por machismo», en palabras de Montero, y por falta de formación en igualdad. «Fachas con toga», los ha llamado el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, en la línea en la que se han pronunciado la mayoría de los dirigentes morados, si bien la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, guarda de momento silencio. Coincidieron con ellas en que el problema no está en la ley, sino en la interpretación que hacen los jueces, la diputada de ERC Pilar Valluguera y el del PNV Joseba Agirretxea.
La respuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial fue contundente: Los jueces están aplicando de forma «estricta» una ley de cuya repercusión en la rebaja de penas ya había avisado el propio CGPJ en su preceptivo informe anterior a su aprobación. EFE
