De Orduña a Castuera, en busca de ADN para identificar los restos de 71 personas

"A estas personas les arrebataron su libertad, su futuro y pisotearon su dignidad. Hoy estamos aquí para devolvérsela, para ofrecer a sus descendientes, como es mi caso, la posibilidad de recuperarlos y darles descanso con los suyos". Así se ha expresado este sábado Naiara Garmendia, bisnieta de Bernardo Rodríguez Rincón, un labrador del municipio pacense de Campanario que falleció en la prisión franquista de Orduña (Vizcaya) entre 1937 y 1941. Tras más de ocho décadas, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco ha iniciado el proceso para la recogida de ADN de familiares de presos extremeños que perdieron la vida en esta cárcel con el fin de poder identificar los restos humanos hallados en el cementerio de esta localidad vizcaína en las primeras exhumaciones realizadas.

En concreto, en las exhumaciones llevadas a cabo en el camposanto orduñés, en junio de 2014 y diciembre de 2022, se localizaron 71 restos humanos. A tenor de la documentación histórica existente, se estima que 225 prisioneros fallecieron en lo que primero fue un campo de concentración (1937-1939) y después la prisión de Orduña (1939-1941). La mayoría (127) eran de origen extremeño (125 de la provincia de Badajoz y dos de la cacereña) y 87 fueron trasladados desde el penal de Castuera. A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellano-manchegos (34 de Ciudad Real, cuatro de Toledo y tres de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, siete de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias del país.

De momento, el instituto vasco ya está en contacto con 41 familiares, de los que 32 han dado muestras de ADN para cotejarlas con los restos exhumados. El tiempo transcurrido desde su muerte, la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar a la identificación genética. En este contexto, una delegación del Gobierno Vasco del Área de Memoria, encabezada por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se ha desplazado este sábado a Castuera para presentar a las asociaciones de memoria histórica de Extremadura y a familiares de presos fallecidos en la prisión de Orduña los trabajos de exhumación.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera, nace con el objetivo de tratar de identificar los 71 restos localizados hasta el momento. Artolazabal, acompañada por el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de Extremadura, Francisco Pérez, y el alcalde, Francisco Martos, ha visitado el lugar donde se ubicaba el campo de concentración de Castuera, donde Antonio López y Guillermo León, integrantes de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), han dado una visión histórica. Asimismo, han mantenido un encuentro con familiares de otras víctimas que han querido conocer de primera mano el proyecto y a las que se les ha explicado la importancia de obtener muestras genéticas.

La mayoría de los presos trasladados desde la localidad extremeña al penal de Orduña eran agricultores que sufrieron la represión fascista. En memoria de estas personas, así como de otros luchadores por la libertad, la consejera ha dicho que tanto ellos como sus familias tienen “derecho a que sus restos sean localizados, exhumados e identificados; derecho a honrarles, a llorarles, a depositar una flor en su tumba”. “No les devolveremos la vida, pero sí su derecho a descansar en paz entre los suyos, su derecho a la dignidad, dignidad que pretendieron arrebatarles pero que nunca perdieron”, ha proseguido, al tiempo que ha mostrado el compromiso por “localizar, exhumar e identificar” a quienes han sido enterrados en fosas o cunetas.

La consejera ha recordado que de los 3.981 presos que están registrados estuvieron en la prisión de Orduña entre 1937 y 1941, 2.035 eran nacidos o con vecindad en Extremadura. Además, muchos de ellos habían pasado antes por el campo de concentración de Castuera, de ahí que la delegación vasca se haya desplazado a la localidad pacense. “Más de 2.000 personas fueron desplazadas en trenes a más de 700 kilómetros de distancia, para aislarlos y castigarlos doblemente, a ellos y a sus familias. Al castigo de una brutal represión se unió la crueldad del desarraigo. Y algunos de ellos nunca volvieron. Murieron por las inhumanas condiciones que en Orduña hubieron de soportar: frío, hambre, hacinamiento, enfermedad”, ha lamentado Artolazabal.

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