El 75% de las residencias en Extremadura limita la movilidad a los ancianos

El 75% de las residencias de mayores de la región limita la movilidad a los ancianos y en casi la mitad de los casos no está justificado. Así se desprende de un informe elaborado por la Fiscalía de Extremadura tras estudiar 36 centros geriátricos y psiquiátricos, con el objetivo de «proteger y salvaguardar la dignidad» de estos mayores. Es común acceder a un geriátrico (e incluso en los hospitales) y encontrarse residentes sujetos por la cintura en sillas de ruedas, atados por los pies o por las manos y encerrados en sus camas con barandillas a ambos lados. Aunque la imagen es terrible, hay situaciones en las que el uso de estos medios de contención son necesarios. Así lo explica el propio fiscal autonómico delegado de mayores y discapacidad, Juan Antonio Galán. «En algunos casos se necesitan para evitar un riesgo de caídas o, en el caso de brotes psicóticos, para evitar el riesgo de autolesiones». El peligro está en que no se utilicen adecuadamente porque «puede conllevar un ataque a su dignidad e incluso a su seguridad e integridad física». Es un delito.

Y eso es precisamente lo que ha comprobado la Fiscalía con este estudio, en el que advierte que ha detectado un «uso excesivo» e «injustificado» de estas sujeciones. En concreto en la región se limita la movilidad a 669 usuarios de residencias, el 33% de los que viven en estos centros. Y en el 40% de los casos no hay prescripción médica para ello ni consentimiento informado ni del paciente ni de su familia. Esto, incide Galán, «sugiere claramente que, aparte de la correlativa falta de control médico, las contenciones se aplican en muchas ocasiones sin necesidad». 

Pero hay más: la mitad de estas residencias que utilizan estos métodos de limitación de la movilidad no tienen ni siquiera un protocolo. «Si una residencia aplica contenciones, lo primero que debe hacer es dotarse de un protocolo adecuado», apunta el Ministerio Público. Y debe tenerlo, puntualiza, a pesar de que la región carece de una legislación al respecto.

Según se desprende en el informe, el método que más utilizan las residencias es la inmovilización en la cama, la mayoría con doble barandilla (el 83%), aunque también se usa el cinturón (13%) y la sábana o mono (10%), mediante la que la persona queda encerrada en la cama, sin posibilidad de levantarse. Además se ha detectado que en el 49% de los casos se les inmoviliza en la silla de ruedas o en el sillón con una banda abdominal y a un 3% con muñequeras.

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De momento el Ministerio Público no ha abierto expediente a ninguna de ellas pero les insta a que corrijan las irregularidades. De no hacerlo, podrían enfrentarse a sanciones administrativas e incluso penales. «El Ministerio Fiscal debe asegurarse de que todas aquellas residencias que utilizan contenciones lo hagan siempre con un protocolo adecuado, que cumplan las finalidades establecidas en la ley y fundamentalmente los principios de necesidad, de proporcionalidad, de prescripción facultativa y un control médico adecuado», incide el fiscal.

No ocurre lo mismo con los centros psiquiátricos (tanto unidades de hospitalización de corta como de larga estancia) donde, según recoge este informe sí existe «un permanente y adecuado control de todas las medidas de contención aplicadas».

Las hay que sí cumplen

También las hay que cumplen. De hecho según este estudio, el 25% de las residencias de la región están libres de contenciones. Aunque, eso sí, la mayoría prescinden de estos métodos porque los usuarios que tienen no los necesitan al gozar de la suficiente autonomía. Hay otras («unas pocas», según la Fiscalía) porque, a pesar de contar con mayores dependientes, han decidido no utilizarlas. Así, en lugar de instalar barandillas en la cama ponen colchonetas a ambos lados, lo que les protege de caídas pero sin limitar su movilidad (pueden levantarse de la cama). Y una además utiliza la tecnología para mantener vigilado al usuario en todo momento, con alfombras sensoriales que detectan cuando se levanta de la cama o cinturones con geolocalización, para saber dónde se encuentra el residente. 

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Atención a la Dependencia (Sepad) presentó en marzo un protocolo que busca la eliminación de estas medidas en los centros públicos. La residencia ‘El Valle’ de Montijo, ha sido de hecho la primera en conseguir la clasificación de Centro Libre de Sujeciones y quiere extender este modelo a 22 geriátricos más (14 en Badajoz y 8 en Cáceres), para que en 2024 dejen también de utilizarlos.

«El problema es la falta de personal en los centros»

«La idea de utilizarlos (los métodos de contención) es buena, siempre que sea necesario porque haya un riesgo de caída o, en el caso de fármacos, porque el paciente tenga un brote psicótico y se pueda autolesionar. El peligro es que se abuse», señala el fiscal autonómico delegado de mayores y discapacidad, Juan Antonio Galán, que sostiene que en la mayoría de los casos los centros de mayores recurren a estos sistemas por la falta de personal. «Por la noche lo más frecuente es usar pañales y barandillas porque no hay suficientes medios humanos para atender a los usuarios, lo ideal sería tener el personal suficiente para poder atenderlos personalmente y no tener que ponerles un pañal», reconoce Galán.

Es la primera vez que la Fiscalía de la comunidad autónoma redacta un informe de estas características y lo hace respondiendo a una orden que dictó a principios del pasado año la Fiscalía General del Estado, que detectó un abuso de estos sistemas en las residencias. A partir de ahora, se controlarán anualmente. Las conclusiones han sido remitidas al fiscal de sala de mayores y se archivarán, por si en algún momento se requiere abrir expediente a alguna de las residencias analizadas. 

El caso de Extremadura no es único, sino que el porcentaje de centros que recurren a estos métodos está en la media nacional. De momento, las situaciones advertidas, aunque podrían ser constitutivas de sanciones administrativas (al menos), la Fiscalía no expedientará a ningún centro, aunque sí se les ha informado de que se han detectado irregularidades que deben corregir. Entre ellas está no contar con un protocolo o utilizar sujeciones sin consentimiento informado:«No tener un protocolo es una infracción administrativa, igual que no tener el consentimiento informado o carecer de un control médico, sin todo esto no se pueden utilizar», insiste. El fiscal confirmará que las residencias subsanan los errores. De no hacerlos, les impondrá la sanción correspondiente.

El juzgado archiva la causa de los centros de Alburquerque

El juzgado acaba de archivar la causa penal que se seguía contra las residencias de mayores de titularidad municipal de la localidad pacense de Alburquerque por la situación en la que se encontraban los residentes, entre otras cosas por la utilización de estos medios de contención. Fueron los familiares los que denunciaron por el «el sometimiento de la mayoría de usuarios» a sujeciones mecánicas sin control ni prescripción alguna, lo que derivaba en la postración continuada e inmovilidad en sillas de ruedas o camas de los residentes. Denunciaban además la carencia de mobiliario adecuado, la existencia entonces de alimentos en estado de putrefacción, equipamientos e instalaciones muy deterioradas y la invasión exagerada de insectos de todo tipo por las dependencias de los usuarios. El juzgado abrió una investigación que acaba de archivar ahora. No hay delito penal pero sí podría haberlo en la jurisdicción administrativa.