La ley de garantía integral de libertad sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, es quizá una de las que más ruido mediático y político ha generado en los últimos años. Su desarrollo se debe, en parte, a la sentencia de ‘la manada’, que supuso un antes y un después en estos delitos. Generó rabia e indignación porque los agresores fueron condenados en primera instancia por abuso sexual y no por agresión sexual (luego el Supremo lo elevó a delito de violación). La clave del fallo fue el consentimiento: no se pudo probar que las relaciones no habían sido aprobadas por la víctima. Pero hay que poner todo esto en contexto: la joven había sido drogada, con lo que sus capacidades volitivas estaban mermadas. Es decir, los agresores no utilizaron la violencia para violarla porque ella no se resistió precisamente por los efectos de la droga, que la dejaron sin poder de decisión. Pero aún así, al no quedar probado que ejercieran contra ella esa violencia física para penetrarla, el delito se quedó en un abuso sexual, con una condena de nueve años de prisión.

Este caso, con la nueva ley que entró en vigor el pasado 7 de octubre, habría sido considerado desde el principio agresión sexual porque esta nueva legislación ha eliminado del código penal el delito de abuso. El objetivo es que cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona, ya sea en forma de tocamientos con o sin penetración, sea considerado agresión sexual, independientemente además de que se ejecute con o sin violencia y de que haya o no consentimiento.

La norma elimina el abuso para que todo atentado contra la libertad sexual se considere agresión

Lo que se pretende con esto es evitar que lo que ocurrió con ‘la manada’ vuelva a suceder. «Antes si te violaban con un tortazo era una agresión pero si te drogaban y no había tortazo porque no oponías resistencia, era un abuso, por eso en las manifestaciones que hubo tras la sentencia de ‘la manada’ la gente gritaba, ¡no es abuso, es agresión!», recuerda la abogada extremeña Estrella Santiago.

«Con esta nueva ley -añade esta letrada- lo que pretenden es que a la mujer no le sea tan difícil tener que demostrar si hubo o no violencia o consentimiento, si era agresión o abuso. Ahora todo será agresión», insiste. Entre otras cosas porque la carga de la prueba, con esta nueva norma, recae ahora en el reo; es decir, es el acusado el que deberá probar que no ejerció violencia para agredir sexualmente a la víctima o si esta le dio o no su consentimiento. Se hace así porque, como explica Santiago, «hay hostias que te pegan en la cara que no quejan marca o para evitar que no puedas probar que no hubo consentimiento si no has podido poner oposición porque te han drogado y te han violado».

«Se pretende que a la mujer no le resulte tan complicado demostrar si hubo o no violencia. Hay hostias que no dejan marca»

Estrella Santiago - ABOGADA PENALISTA

Rebajas de condenas

Sin embargo, al despenalizar el delito de abuso, lo que se ha conseguido, o al menos es así como ha trascendido, es que muchos condenados por delitos de libertad sexual hayan pedido la revisión de sus condenas y se hayan beneficiado de una rebaja de las mismas, e incluso hayan podido salir de la cárcel. En Extremadura, desde que entró en vigor la ley, se han beneficiado de estas rebajas ocho reos y uno ha sido excarcelado. Se trata este último de un condenado por violación en grado de tentativa. La ley permitió que se bajara su condena de cuatro años y tres meses de prisión a dos años y diez meses, pero, al llevar en prisión desde febrero del 2019, ha sido puesto en libertad porque se da por cumplida su condena. No se le instalará la pulsera de control que Igualdad ha puesto a disposición de los juzgados para mantener controlados a los agresores que salgan de la cárcel por la ley del ‘solo sí es sí’, con el objetivo de vigilar en todo momento dónde se encuentran y poder avisar a la víctima en el caso de que incumpla la orden de alejamiento. No se ha solicitado este dispositivo al no haberse contemplado en la sentencia que se revisó, según informan fuentes judiciales. Sí se mantiene, no obstante, la orden de alejamiento, que durará nueve años, y la libertad vigilada, durante cinco años.

Con la nueva ley es el acusado quien ha de demostrar que no hubo violencia en la violación

«El problema es que mezclaron el abuso y la agresión. La ley protege a la víctima, no hay ninguna duda, pero salió mal lo de las penas, cometieron un error a la hora de horquillar las condenas al mezclar los dos delitos (abuso y agresión). Pensaron en subir la pena más baja pero no en que la más alta iba a bajar al poner un tope máximo menor para las agresiones sexuales graves», argumenta Santiago. Se refiere a que, con esta nueva ley, lo que antes era abuso, al pasar ahora a tipificarse como agresión, tiene penas más duras; pero lo que antes era considerado agresión sexual, que ahora se denomina agresión sexual grave, tiene condenas inferiores a las que había con anterioridad (ahora se queda en 12 años de prisión como máximo y antes eran 15). «Han salido muchísimos pederastas a la calle y muchísimos personajes, que no tenían que haberse visto bonificados, han visto reducidas sus condenas. No lo gestionaron bien y tienen que modificarlo porque hay delitos muy grotescos, con discapacitados, con menores, …, que deben tener más de 12 años de prisión», sostiene.

Vuelta al anterior código penal

Precisamente esta semana el PSOE ha presentado una modificación de la normativa, con la que busca endurecer estas penas. En realidad es una vuelta al antiguo código penal, al que existía antes de la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’, con la única diferencia de que seguirá despenalizado el abuso. Todo delito contra la libertad sexual seguirá siendo considerado agresión, pero lo que se propone ahora es ponderar si ha habido consentimiento o violencia. «Si te han agredido sin consentimiento, tendrá una pena; si además es con violencia, la condena será mayor y si es con menores, mucho mayor», explica Santiago. Esta modificación debe aún ser aprobada pero está siendo un arma política a tres meses de unas elecciones. La rectificación, no obstante, es para Santiago la forma habitual de actuar en «cualquier nueva ley». «El código penal no nació tal y como está hoy, se ha ido modificando porque hay que ponderar todas las circunstancias que se dan en cada caso y eso es lo que se va a hacer, puede que no sea la última modificación, las leyes hay que ver cómo funcionan», puntualiza.

Al único que ha sido excarcelado en la región no se le pondrá la pulsera de control para vigilarle

El problema es que este revuelo, argumenta Santiago, ha desvirtuado el fin de la ley, que es la «protección de las mujeres». Ella lo tiene claro: supone «un reforzamiento total y absoluto para la víctima». «Si hacemos una valoración de los últimos años esto ha subido como la espuma, no paran de abusar de chicas, de menores, … tenía que modificarse el código penal anterior», subraya. Aunque reconoce que el problema ha sido que todo ha pasado al plano político: «Ahora, el que vote a favor de la modificación, dirá que se ha conseguido por ellos», recrimina.

Este reproche por la politización de la ley lo comparte también el catedrático y abogado penalista Emilio Cortés. «Se está haciendo un uso partidista e ideológico del código penal, está en manos de los políticos y todo lo que pueda salir de eso está viciado», advierte. Considera la ley un error porque supone un atentado «a la presunción de inocencia». «En España no hay calvarios probatorios, hay un derecho fundamental (esa presunción de inocencia) que hay que derrotar con prueba de cargo», sostiene. «Utilizan el derecho penal -añade- a su conveniencia política, así solo pueden salir frutos como el de la ley del solo sí es sí».

«Es contradictorio que se busque proteger a las víctimas y se pongan en libertad a los verdugos de las víctimas»

Emilio Cortés - CATEDRÁTICO Y ABOGADO PENALISTA

Los estándares de prueba

Cortés critica sobre todo que la carga de la prueba recaiga en el reo. «La principal inspiración de la ley es relajar los estándares de prueba de los delitos de libertad sexual, se busca que exista un rigor de prueba más relajado que en otros delitos. Hay una especie de presunción de que lo que está manifestando la víctima es cierto», puntualiza. Pero puede que no sea así, advierte. Y pone un ejemplo para el caso de agresiones con violencia: «Puede ser que las lesiones se hayan hecho por una práctica sadomasoquista, pero es que eso no está penado, se permite que en la práctica sexual te azotes con el otro», sostiene. En su opinión «no había necesidad» de modificar el código penal en estos casos. Más aún, insiste, cuando «ha tenido la consecuencia contraria»: «Es contradictorio que se busque proteger a las víctimas y se pongan en libertad a los verdugos de las víctimas», incide.

Este catedrático penalista advierte además de que la nueva modificación que se pretende no conseguirá frenar las rebajas de condena. Hasta que entre en vigor el cambio, todos los reos podrán seguir pidiendo revisiones de sentencias y, una vez que se apruebe, no servirá para que se le suban las penas a los que se la han rebajado puesto que las revisiones solo se realizan si benefician al condenado; es decir, la modificación de las penas solo se permite a la baja, nunca al alza. «Cualquier persona condenada anteriormente a la modificación podrá seguir invocando a esta ley porque es más positiva para el reo», arguye. Y concluye: «El problema es que el código penal está en manos de gente que prostituye el derecho conforme a sus intereses. Ya lo dijimos, pero nadie nos hizo caso»