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Endesa, partidaria de «prorrogar» la vida de las nucleares

El CEO de esta compañía, dueña del 36% de Almaraz, tiene «dudas» sobre el cumplimiento de algunos objetivos del PNIEC. Se muestra «dispuesto» a negociar el calendario pero niega ningún enfrentamiento con el Gobierno sobre esta cuestión

Imagen de archivo de un operario durante los trabajos de recarga de combustible en la Central de Almaraz. TONI GUDIEL GIRONDA

«Creo que hay que prorrogar la nuclear», aseguró el pasado viernes José Bogas, consejero delegado de Endesa, compañía con presencia en la propiedad de cuatro de las cinco centrales atómicas que actualmente están en funcionamiento en España, entre ellas la de Almaraz, de la que posee un 36%. Bogas argumentó esta postura en sus «dudas» sobre el cumplimiento de algunos de los objetivos incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, como los referentes a la termosolar o el bombeo. Tampoco, pronosticó, «vamos a llegar a tiempo», en almacenamiento o en hidrogeno verde. 

«Dicho esto, tenemos el mismo interés que puede tener el Gobierno en alargarlas o en no alargarlas», puntualizó el CEO de Endesa en el transcurso de la rueda de prensa que ofreció tras la presentación de resultados anuales de este grupo empresarial, al tiempo que defendió que la decisión que se acabe tomando «tiene que ser racional». «Hablaremos con el Gobierno o será el Gobierno el que hable con nosotros cuando, si es así, si se da el caso, se produce un riesgo de falta de suministro», remachó.

 En junio del año pasado el Parlamento Europeo aceptó que algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas se incluyesen en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Un cambio vigente desde el 1 de enero de este año y que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se apresuró a definir como «erróneo». «No es bueno que se intente pasar por verde lo que no es», dijo.

«Hablaremos con el Gobierno o será el Gobierno el que hable con nosotros cuando, si es así, si se da el caso, se produce un riesgo de falta de suministro»

José Damián Bogas - CONSEJERO DELEGADO DE ENDESA

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Así que a pesar de esta variación, y de que la actual crisis energética ha hecho que aumenten los partidarios de prolongar la vida de la generación nuclear para garantizar que se cubre la demanda eléctrica y aumentar la soberanía energética, de momento no hay evidencia alguna de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté dispuesto a variar el calendario de clausura del parque español de centrales. Una planteamiento que se vio confirmado en la versión revisada del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos que se conoció este último mes de noviembre y que arrancaría con la desconexión de la Unidad I de Almaraz a finales de 2027 y que culminaría en 2035 con las de Vandellós II y Trillo.

Esta hoja de ruta fue acordada entre el Gobierno, Enresa, que es la compañía pública encargada de los residuos nucleares y del desmantelamiento de las plantas, y las propias eléctricas. «Se pactó el cierre y es lo que hay», zanjó el directivo de Endesa, aunque más adelante puntualizó que «no es que yo me apalanque en lo que hoy está firmado». «Estoy dispuesto a negociarlo. A qué precio, en qué condiciones, todo eso hay que hablarlo, ¿no?», esgrimió. En este sentido, aludió al actual marco impositivo:«Lo que no puede ser es que en Francia una instalación nuclear tenga un coste de 45 y aquí de 65. Y que la diferencia sean impuestos».

Bogas incidió en no dar «la impresión de que en la nuclear hay una batalla o una lucha entre el Gobierno y las empresas eléctricas». «El Gobierno no está contra nosotros, tiene una política energética, que aceptamos y seguimos», insistió. El objetivo común de ambos, concluyó, es «la garantía de suministro, la reducción del dióxido de carbono y los mejores precios para nuestros clientes. Bajo esa premisa no hay enfrentamiento, estamos en el mismo barco».

Postura de la Junta

A diferencia del nacional, el Gobierno extremeño sí que se ha venido mostrando receptivo a la posibilidad de que la central nuclear cacereña siga operando más allá de 2028, año en el que el segundo de sus reactores dejaría de verter electricidad a la red si se cumplen las previsiones. A mediados de diciembre pasado, durante la presentación de un estudio sobre el impacto socioeconómico que tendrá el cierre de la instalación, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, aseguró que la postura de la Junta de Extremadura es clara: apoyar una solicitud de prórroga de Almaraz si las empresas propietarias deciden plantearlo y se cuenta con autorización técnica. Este posicionamiento, además de plantearse públicamente, se ha transmitido oficialmente al Gobierno central, afirmó.

No obstante, precisó, «la continuidad de Almaraz más allá de 2028 depende en gran medida del componente económico y de la necesidad ineludible de nuevas inversiones por parte de las empresas propietarias». Además de Endesa, el resto de la propiedad de la planta se distribuye entre Iberdrola, con un 52,7% del total, y Naturgy, con el 11,3%.

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