Extremadura, entre las que tienen mayor ratio de objetores frente a la eutanasia

9.384 personas han solicitado su inclusión en alguno de los registros autonómicos para sanitarios objetores de conciencia frente a la eutanasia, cuya ley reguladora acaba de cumplir sus dos primeros años en vigor. 531 de estos profesionales se han inscrito en el de Extremadura, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, uno de los datos más elevados de todas las regiones españolas.

Se trata de un registro de estricta confidencialidad, pero la lectura de la ley que hacen muchos médicos es que no hace falta apuntarse con anticipación, al tratarse de una cuestión tan delicada que el profesional debe verse en la situación para saber cómo actuaría. Es lo que señalan algunas voces críticas, que consideran que basta con que el médico que se enfrente ante esa cuestión se inscriba en el último momento. En el caso del decreto extremeño por el que se crea este registro, se recoge que la voluntad de inscribirse se manifestará por escrito con una antelación mínima de siete días naturales a la fecha prevista para la realización de la prestación de ayuda para morir. Asimismo, podrá comunicarse la revocación a la objeción por la misma vía y en cualquier momento.

266 inscritos trabajan en Atención Primaria y 244 corresponden a la especializada

«El problema no son tanto los objetores». «El problema principal son las personas que no se han inscrito, estos son los más preocupantes», asegura María José Alemany, de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Con lo que se han encontrado muchas de las personas que deciden solicitar la eutanasia, según la asociación, es con profesionales que han declinado ofrecerles asistencia a pesar de no estar inscritos en el registro oficial. «Nosotros decimos que hay objetores de conciencia y objetores de conveniencia», lamenta Alemany, enfermera de profesión. En la asociación creen que este segundo tipo de objeciones ocurren por varios motivos, como falta de formación, falta de información o acumulación de competencias, pese a los cursillos que han hecho los colegios. 

Derecho a Morir Dignamente alerta de las declaraciones abiertamente y repetidamente objetoras a este derecho por parte de representantes de los colegios. Un ejemplo es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés. «Se han presentado así y es de voz pública. No han tomado en consideración que se han hecho encuestas en las que los sanitarios se muestran mayoritariamente a favor de la eutanasia». «En España, cada vez la ciudadanía quiere tener más autonomía sobre su cuerpo y su salud», reivindica Alemany. 

Sea como fuere, la polémica salpica una ley que tiene dos interpretaciones. «Con la ley en la mano, lo que debe hacer el médico es hacerse cargo de la solicitud, explicarle al paciente que él se considera objetor, pero decirle que no se preocupe que él se lo pasará a un superior. Lo que no puede hacer un médico es inhibirse, no puede desentenderse de la cuestión ante una persona que está en una tesitura muy complicada», afirma Antonio Monrabal, experto en eutanasia y médico de Atención Primaria.

En este sentido, la norma garantiza que si un profesional se declara objetor, el paciente tiene derecho a ser atendido por otro sanitario. Por tanto, el médico requerido tiene que encontrar la manera de que «el trámite siga adelante». Monrabal asegura que quienes defienden que el galeno debe acudir previamente a inscribirse al registro «no están equivocadas», pero que el conflicto radica en que «es una situación que un médico puede no haberse planteado nunca». 

«Es muy difícil tomar esa decisión, no se puede tomar en cinco minutos», ahonda. Por eso, él piensa que «hay muchísimos más médicos» que serían objetores pero que «no se lo han planteado». Con estas opiniones por parte del mundo de la medicina, la función del registro es incierta. «El legislador es muy libre de opinar como quiera, pero personalmente opino que no sirve para nada el registro», considera.

Los datos extremeños, al detalle

Conforme a la información facilitada por la Consejería de Sanidad extremeña, de los 531 inscritos en la región, 266 trabajan en Atención Primaria y 244 corresponden a la especializada. Los 21 restantes no han cumplimentado el espacio que se contempla para precisar este punto en el formulario estándar que debe rellenarse. Por categoría laboral 166 son médicos, 160 profesionales de enfermería, dos de psicología, 184 son facultativos especialistas de área y en 19 de las inscripciones se desconoce esta circunstancia. 

En términos absolutos, solo cinco autonomías superan el dato extremeño

La ratio extremeña de sanitarios objetores es una de las mayores entre todas las comunidades autónomas. En números absolutos, únicamente cinco de ellas superan su dato:por este orden, Madrid, Aragón, Andalucía, Castilla y León, y Comunidad Valenciana. A excepción de la segunda de ellas, todas cuentan con volúmenes de sanitarios muy superiores al extremeño. Y en las que el número de profesionales de la medicina o la enfermería es menor, como Cantabria, La Rioja o Navarra, las proporciones de objetores quedan también por debajo, si bien en Baleares no existe registro.

En el caso concreto de los médicos, los 350 objetores que contabiliza la región representan alrededor de un 10% de los que forman la plantilla del SES.

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