Crecen las peticiones de asilo: 1.451 en los diez primeros meses de 2023

No copan los principales titulares de los periódicos ni abren los informativos, pero siguen huyendo de la guerra, de los múltiples conflictos armados que se simultanean en distintas partes del planeta y que están detrás en la mayoría de las ocasiones de la huida de cientos de personas. Solo hace falta mirar las estadísticas del Ministerio del Interior para vislumbrar una realidad que pone el foco mediático en el destino, pero poco en los problemas de origen. 

Desde que comenzó 2023 hasta el pasado mes de octubre, un total de 1.451 personas habían pedido asilo en Extremadura. Esto supone buscar refugio en un país distinto al propio e integrarse en el sistema de protección que proporciona recursos durante un tiempo hasta que el asilado puede rehacer su vida en el país de destino por sí mismo. 

Son más de 152.250 en el conjunto del país en este año hasta noviembre. Y ambas cifras, tanto el total nacional como las peticiones realizadas dentro de la región, han experimentado un crecimiento respecto a los últimos años. En todo el 2022 se registraron en la comunidad extremeña casi 300 solicitudes menos que en los diez primeros meses de este 2023. Y el año aún no ha terminado. Es un 20% más que se explica por el aumento de la conflictividad y la vulneración de los derechos humanos en distintos países del mundo. «Realmente los motivos son los mismos de siempre, la falta de futuro en sus países de origen y el atractivo que tiene para muchas personas, especialmente de África, el suelo europeo por la protección y el respeto a los derechos humanos», explica Juan Zúñiga, portavoz de la Plataforma de Refugiados de Extremadura. 

Los últimos datos del ministerio no ofrecen cifras concretas sobre la procedencia de los solicitantes de asilo, pero sí se incluye en el informe completo del 2022. Según ese, aunque se produjeron menos peticiones, la mayoría procedían de países de Latinoamérica por este orden:Venezuela, Colombia, Nicaragua, Perú y Honduras. A este le sigue el país africano de Mali ytambién Senegal. «Este año estamos viendo también muchas personas de Gambia», señala el portavoz.

Sin embargo, a pesar de que cada año son más los solicitantes son muy pocos los que consiguen convertirse en refugiados finalmente. Las peticiones aceptadas, subraya Zúñiga, estaban el año pasado por debajo del 10%. ¿Por qué? «Es muy difícil que te concedan el asilo porque la legislación actual exige comprobar que realmente existe una situación de riesgo para la propia vida del solicitante o una causa de discriminación o persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual... Hay que demostrar los motivos y estas personas que llegan huyendo de sus países muchas veces no tienen medios para poder demostrar lo que le piden. En muchas ocasiones vienen sin documentación y sin ningún tipo de soporte que les pueda ayudar a comprobar los problemas que tienen en sus lugares de origen. La ley es muy exigente en ese sentido y por eso es muy difícil de demostrar», añade.

Cuando la protección como refugiado es denegada, al migrante todavía le queda una segunda opción para lograr una estancia legal en el país de origen. «Si se demuestra que existe un arraigo en el destino también se puede solicitar la residencia legal en el país de origen pero después de haber pasado aquí un número de años y tienen que demostrar que cuentan con un arraigo social, bien porque tienen familia en el país, bien porque han manteniendo durante años una actividad sobreviviendo como pueden; es una situación muy complicada», señala Zúñiga, que defiende también el valor cultural y demográfico que suponen estas personas para un país en plena caída poblacional.

Hasta 18 meses

A los refugiados les asiste la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, en el cual se fijaron las connotaciones del término y los derechos que tienen estas personas y que se resumen en garantizar su seguridad y recibir la atención básica, sanitaria y alimentaria. «Son acogidas de seis meses en centros que son gestionados por distintas organizaciones, donde se les facilita todo lo necesario para la vida diaria, incluidas clases de castellano para lograr también su inserción social. Después de ese tiempo pasan a un régimen ampliado de otros 12 meses, ya salen de los centros y van a otras viviendas donde permanecen hasta que logran el permiso correspondiente con el que poder trabajar y ser autónomos», explica el portavoz de la Plataforma de Refugiados.

Entre los potenciales refugiados en la comunidad están los últimos migrantes subsaharianos que han sido traídos a Extremadura tras jugarse la vida para llegar a Canarias. «Todos ellos tienen derecho a pedir el estatus de refugiado. Los hay que lo piden, pero muchos otros no porque su objetivo es desplazarse a otro país por múltiples razones, con lo cual es complicado porque la legislación obliga a pedir el asilo en el país al que se llega».

Aunque las razones sean las mismas o similares, Zúñiga lamenta el trato distinto que se da a las personas migrantes según su procedencia. La muestra, dice, está con los ucranianos, para los cuales la Unión Europea activó en marzo de 2022 por primera vez en su historia la fórmula de la protección temporal, un mecanismo establecido en la normativa de asilo de la UE que se activa en situaciones de emergencias excepcionales para dar respuesta a afluencias masivas de personas. «Los ciudadanos de Ucrania han venido con un estatus distinto, lo cual es aberrante porque cualquier persona tiene los mismos derechos aún huyendo también de conflictos bélicos. Es doloroso ver que se actúa diferente solo por una cuestión cultural».

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