La Junta concede el teletrabajo a 2.000 funcionarios durante un año

Comenzó en 2018 con una tímida respuesta y tras recibir el impulso definitivo con la pandemia, la demanda de teletrabajo en la Junta de Extremadura no para de crecer. En la convocatoria de este año se ofertaban 1.775 plazas, 428 más que en 2023, pero finalmente se ha llegado hasta las 1.997 autorizaciones para atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos. Las consejerías con más demanda han sido Agricultura y Salud y Política Social, pero también ha habido que aumentar plazas en Presidencia, Cultura, Educación y Gestión Forestal. 

Al teletrabajo pueden optar los empleados públicos de todas las consejerías que no desempeñen labores de atención al público. Quienes se acojan a esta modalidad trabajan tres días a la semana en casa y dos en la oficina manteniendo íntegramente las retribuciones. Y desde la actualización de la normativa en 2021, la Administración les proporciona un ordenador y un teléfono. 

El despliegue del teletrabajo en la Junta comenzó en el año 2018, pero no fue hasta la irrupción de la pandemia cuando se vio plenamente asentado. Las convocatorias se abren una vez al año (embarazadas, víctimas de violencia de género y quienes residan en otra localidad por motivos de salud pueden solicitarlo en cualquier momento) con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar la productividad y también reducir costes a la Administración pública.

En cada convocatoria (la actual es la sexta), la Junta detalla el número de puestos que se ofrecen por cada consejería. En 2018 apenas fueron 82 plazas, que no llegaron a cubrirse en su totalidad; en el periodo 2020/2021, ya tras la irrupción de la pandemia, la cifra aumentó hasta las 942, de las que se cubrieron el 56%. En 2022 el número volvió a incrementarse hasta las 1.112 y por primera vez la demanda superó a la oferta: hubo 1.764 solicitudes. 

En 2023 las cifras siguieron creciendo (se registraron 1.374 plazas para 2.400 solicitudes) y la convocatoria de este año, la primera bajo el gobierno del PP, ha vuelto a batir récords. Se publicó el pasado mes de febrero con un total de 1.775 plazas, 428 más que la anterior, pero de nuevo se ha visto superada por la demanda: 2.516 solicitudes. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por atender todas las que cumplían los requisitos, de forma que se han concedido 1.997 licencias y se han desestimado otras 519. 

Datos por consejerías

Por consejerías, es Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible la que se lleva la palma: se ofertaban inicialmente 280 puestos y debido a la alta demanda se han concedido finalmente 316 autorizaciones. En Salud y Política Social se ha pasado de 271 plazas iniciales a 297. Para dar respuesta a las necesidades de todos los empleados públicos, también ha habido que aumentar licencias en Presidencia, Interior y Diálogo Social (de 80 a 85), Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes (de 131 a 141), Educación, Ciencia y Formación Profesional (de 110 a 131), y Gestión Forestal y Mundo Rural (de 50 a 115). Solo quedan vacantes en Economía, Empleo y Transformación Digital (se ofertaban 352 licencias de teletrabajo de las que se han cubierto 280), Hacienda y Administración Pública (221 autorizadas de 250), e Infraestructuras, Transporte y Vivienda (147 de 251). 

La autorización se concede por un año y para la adjudicación se sigue un baremo en el que puntúan las necesidades de conciliación (por este orden: tener hijos con discapacidad, tener hijos menores de edad, cónyuge con discapacidad y estar a cargo de familiares con discapacidad), ser familia monoparental, tener discapacidad y la distancia del domicilio al centro de trabajo.

Nueva normativa

De cara a esta legislatura, el Ejecutivo del PP ha reafirmado su apuesta por el teletrabajo en la Administración autonómica (recuerda que fue José Antonio Monago quien en 2013 puso en marcha el proyecto piloto que permitió aprobar el decreto en 2018) y plantea una nueva modificación de las bases reguladoras. 

Uno de los principales cambios afectará a las convocatorias de plazas: el objetivo es que sean permanentes y no anuales, para lo que se establecerán pautas y criterios generales con los jefes de servicio y directores de centros. En cuanto a los criterios, en el caso de los problemas sanitarios, la idea es que deje de ser un condicionante el tener que residir en una localidad distinta a la del centro de trabajo.

Igualmente, hasta la fecha la persona que ya ha teletrabajado tiene preferencia en el proceso selectivo, algo que se cambiará para que se configure como un criterio de desempate. Para las embarazadas, se pretende que no haya limitación en el número de días que puedan trabajar desde casa. Asimismo, se prevé ampliar estos supuestos a los casos de accidente y enfermedad grave de un familiar de primer grado. También se está valorando que una persona pueda mantener el teletrabajo si cambia de puesto dentro del mismo cuerpo o categoría profesional.

Según los datos que se han obtenido en el estudio elaborado por la comisión que se encarga de evaluar el teletrabajo, que fueron facilitados por el director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito, en la comisión del ramo en la Asamblea, los resultados son «satisfactorios» y «no disminuye la calidad de los servicios». 

El informe recoge que el 92% de los responsables de las unidades en las que se ha implantado el teletrabajo están satisfechos, y el 99% de los empleados consideran que de esta forma han logrado conciliar. En cuanto a la duración del régimen de teletrabajo, el 76% de los funcionarios lo considera adecuado. Yen el 74% de los casos, los problemas técnicos se resolvieron en el mismo día. 

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