El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica está abierto, con el criterio de la solidaridad imperante hasta ahora en entredicho. La Generalitat de Cataluña y la de Valencia han reconocido posturas comunes ante la revisión del sistema y hablan de crear un frente común para defender sus intereses. En su caso, proponen que se incorporen criterios como el crecimiento demográfico a la hora de realizar el reparto de fondos estatales, con lo que lograrían mayor recaudación, y que se limite la aportación estatal a los servicios más básicos --como sanidad y educación--. Este posicionamiento ha generado una reacción frontal casi instantánea: la Xunta de Galicia ha admitido contactos con los gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Asturias para fijar una posición común frente a la negociación. De momento, la Junta de Extremadura reconoce la fuerte colisión de intereses que se va a producir y asegura que está trabajando para encontrar los argumentos con los que defender la postura de la región.

"Si aliarnos es intentar reforzar nuestras pretensiones, pues nos aliaremos, pero sin hacer pactos con el diablo", manifestó ayer Angel Franco, consejero de Hacienda y Administración de la Junta en declaraciones a EL PERIODICO EXTREMADURA. En su opinión, está claro que al final las comunidades con los mismos objetivos "antes o después comenzaremos a hacer manifestaciones públicas que irán en el mismo sentido".

Angel Franco reaccionaba así a la reunión que el lunes mantuvieron en Barcelona los consejeros de Economía de Cataluña y Valencia, Antoni Castells y Gerardo Camps. Tras el encuentro, ambas partes han manifestado que coinciden en los planteamientos sobre cómo debe llevarse a cabo la reforma del sistema de financiación. "Se producen tensiones que hacen que comunidades como Cataluña o Valencia tengan déficit", ha comentado Camps, que respaldó la propuesta catalana de incluir el crecimiento demográfico --actualmente se usa como base de cálculo el padrón de 1999-- como principal criterio para determinar el reparto de fondos de la Administración central. El argumento es que tienen que hacer frente al aumento de población por el mayor efecto de la inmigración y, como consecuencia carecen de recursos para prestar los servicios básicos.

El Gobierno de las Islas Baleares también comparte este punto de vista, según las últimas manifestaciones públicas de sus responsables tras la reunión que mantuvieron hace un mes con Antoni Castells. Asimismo, el grupo espera que se una a sus posiciones la Comunidad de Madrid.

"En una región dispersa,el coste es mayor"

Angel Franco explica que para la Junta de Extremadura, la población es un factor importante, pero no debe ser el único a tener en cuenta a la hora de distribuir los recursos financieros. "También hay que valorar el coste de los servicios que prestamos en cada uno de los territorios. Y aquí es donde viene la guerra, en establecer una fórmula para medir este coste", explica el consejero. Entre otras variables, la Administración regional defiende criterios como la dispersión geográfica, medida tanto en la extensión territorial como en la densidad de población, o el coste de accesibilidad a los servicios en todo el territorio.

En esa misma línea se manifestó ayer el presidente de la Xunta de Galicia. Emilio Pérez Touriño se mostró contrario a la propuesta catalana y además aludió al envejecimiento poblacional y a la dispersión como criterios a poner encima de la mesa. El dirigente gallego fue muy gráfico en su explicación y señaló que no cuesta lo mismo financiar el trasporte escolar en una región donde los municipios están muy concentrados que en una comunidad, como la suya, donde existe una gran dispersión demográfica.

Por ello habló de un posible "agotamiento fiscal o solidario" de Cataluña y replicó el argumento de la inmigración recordando que este fenómeno incrementa el gasto de las Administraciones autonómicas, pero también genera riqueza y aporta ingresos a la Seguridad Social. En cualquier caso, según recoge Europa Press, Touriño confirmó contactos con Asturias, Castilla y León y Extremadura para fijar una posición común frente a los territorios más ricos, aunque puntualizó que no se trata de un "frente".

"En estos momento se está produciendo una confrontación no territorial, sino que por un lado se han agrupado las comunidades con un mayor nivel de renta, frente a las que tienen un nivel más bajo", interpreta el consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura. Según Angel Franco, a comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia les beneficia el criterio de la población y de la "falsa solidaridad", porque les reporta mayores recursos a sus arcas regionales. Del otro lado surgirán los territorios con menor nivel de renta y generalmente con una gran dispersión geográfica. "Pero hay que valorar el coste de los servicios que prestamos en cada región. Aquí es donde viene la guerra, en establecer una fórmula para medir este coste", apunta.

"Si se pintara un mapa, no es un enfrentamiento el este contra el oeste, ni el sur contra el norte, sino que curiosamente las comunidades con mayor nivel de renta están situadas al este del país, y las que tenemos un menor nivel de renta estamos al oeste, y luego hay un nucleo central que es Madrid, que se sale de los estándares, porque es donde radican los servicios centrales de la administración", concreta Angel Franco.

Limitar la solidaridad aeducación y sanidad

Otra de las propuestas que defienden Cataluña y la Comunidad Valenciana es la necesidad de revisar el fondo de suficiencia, cuyo reparto consideran excesivo porque el dinero que perciben por habitante en Baleares, Madrid o Cataluña es muy inferior al que llega a Extremadura, Asturias o Castilla y León. Con este fondo el Estado pretende garantizar que todos los ciudadanos del país reciben el mismo nivel de prestación en los servicios públicos independientemente de la región donde residan. Desde sanidad a vivienda e infraestructuras. A este respecto, el consejero catalán de Economía defiende que esta aportación se limite a financiar únicamente los tres servicios básicos: salud, educación y bienestar social. Entre los tres suponen entre el 65 y el 75% del total de los fondos aportados por el Estado a las comunidades.

Sobre este tema, Angel Franco indica que desde Extremadura no se comparte este criterio, aunque reconoce que son los servicios más importantes. En su opinión, hay que seguir financiando otros servicios en ámbitos como la vivienda, las infraestructuras, el suministro energético o las telecomunicaciones.

Ante esta situación de confrontación, también se pronunció ayer la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP. Su portavoz y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió al Gobierno que negocie "ya" y "multilateralmente" el nuevo modelo de financiación para evitar una guerra entre autonomías. Eso sí, dejó bien claro que defenderán la inclusión de criterios como la extensión, la dispersión, el envejecimiento o la extensión forestal a la hora de negociar la reforma, al ser parámetros que "encarecen la prestación de los servicios esenciales".

El objetivo común esgarantizar los recursos

El responsable extremeño de Hacienda reconoce abiertamente el enfrentamiento: "Siempre ha parecido que íbamos a la guerra, y de hecho, cada uno así lo ha pertrechado, no con armas, porque no llega la sangre al río, pero sí con argumentos, cada uno con aquellos que más favorecen al territorio al que defiende". En este sentido, asegura que no se trata de un problema de solidaridad, sino de suficiencia. "En el fondo de lo que se trata es de dotar de suficiencia al sistema, de dotarlo de recursos suficientes para atender las necesidades de las comunidades de acuerdo con su nivel competencial, que ya es prácticamente igual en todas las regiones". Porque para Angel Franco la solidaridad se establece a través de mecanismos como el IRPF, en el que "cada uno paga en función de sus ingresos y el que más gana, tributa más". Pero además, recuerda que quienes pagan impuestos no son las regiones, sino los ciudadanos.

Preguntado sobre si el Ejecutivo extremeño está preocupado por la situación que se plantea ante la negociación y por cuál será la solución, el consejero de Hacienda de la Junta dice que la principal ocupación de la Administración regional en estos momentos es "la búsqueda de argumentos para defender los intereses de Extremadura". Más dudas tiene respecto a cómo se resolverá este asunto: "Personalmente veo una solución complicada. A pesar de que siempre se ha encontrado una solución que ha satisfecho a todos, a mí no se me ocurre ninguna. Nosotros lo que debemos procurar es que los recursos que se asignen a Extremadura sean suficientes para atender las competencias que atendemos".