La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, informa que la Guardia Civil investiga si la utilización del alimentos con fines sociales del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), por parte de una empresa con "ánimo de lucro" en Bohonal de Ibor, "constituyeran un delito contra el patrimonio o un delito socioeconómico".
Pereira señala que los datos resultantes de la investigación y las "diligencias penales abiertas" se plantearán ante el juez que lleva la instrucción, que será quien determine la "calificación oportuna".
Detalla que se investigan estos dos tipos de delitos puesto que "hay un enriquecimiento claro por parte de la empresa, al estar utilizando con intención de lucro bienes que ha obtenido de manera gratuita", una investigación donde la Guardia Civil "actúa bajo la dirección, como no puede ser de otra manera del juez responsable del caso".
Además, la delegada recuerda que la investigación se inicia por parte de la Benemérita a "instancia" de la Delegación de Gobierno, cuando se tiene conocimiento a través de Cruz Roja del uso de alimentos del Fega, de forma "inadecuada", en un centro de día de la citada localidad cacereña y gestionado por una empresa.
Pereira indica que a esta investigación, para comprobar la "veracidad" de la información, se sumó otra "interna" dirigida por el Fega, organismo dependiente de MARM, y ha destacado que la investigación de la Guardia Civil se lleva a cabo "bajo la dirección siempre y en todo caso del juez que ya instruye estas diligencias".
En este sentido, la delegada subraya que la instrucción de los casos corresponde a un juez que es quien "dirige" estas investigaciones y la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una vez se "inician diligencias penales y procesales", explicaciones que aportado haciendo alusión al presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, y sus declaraciones al respecto.
Carmen Pereira concluye que hay que tener "tranquilidad" ya que la Guardia Civil está "actuando como debe actuar" en este caso y otros en la región "bajo las órdenes" del juez "competente". Así, ha insistido en que hay que "respetar" la ley, el trabajo de la Guardia Civil y las "decisiones que adopten" los jueces en este caso y en "todos".
