El gobierno local eleva la deuda a proveedores a 25,5 millones

La deuda contraída por el Ayuntamiento de Mérida con sus proveedores asciende a 25,5 millones de euros, según los datos aportados ayer por el portavoz municipal, Fernando Molina. Esta cifra supera a la última cantidad reconocida por el anterior gobierno municipal, que se situaba en 18 millones. Esta cantidad se suma a los 41 millones que se debe a los bancos --en total adeuda 66,5 millones de euros--, que convierten a la capital extremeña en la ciudad más endeudada per cápita de toda Extremadura.

Pero la situación podría agravarse, pues según las estimaciones del ejecutivo local la cuantía de las facturas impagadas, debido a la falta de liquidez que afecta a las arcas municipales, podría ascender a los 30 millones a final de año.

El gobierno de Pedro Acedo tomó ayer algunas medidas para hacer frente a esta situación y reducir los gastos del ayuntamiento. En el primer Pleno de la nueva corporación se aprobó una propuesta del alcalde relativa a la determinación del régimen de retribuciones de los cargos públicos, que contempla algunas variaciones con respecto a la anterior legislatura, y cuya aplicación supondrá un ahorro de 4,4 millones de euros en los cuatro próximos años, según los cálculos del Gobierno local.

Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma: 700.000 euros en las asignaciones a los grupos políticos y por concejal (pasa de 3.000 euros a 1.000 euros por grupo y años, y de 8.000 euros a 1.000 euros por concejal al año); 400.000 euros por la supresión de tres asistentes de grupo; 2,9 millones por la supresión de comisiones de servicios y altos cargos, que serán ocupados por técnicos ya en plantilla; y 400.000 euros en sueldos del equipo de Gobierno. Esta última cifra resulta de la comparación con la situación de hace cuatro años, cuando comenzó la legislatura con un liberado más (solo durante un año) y los sueldos eran entre un 7% y un 9% más, antes de los recortes aprobados por el Gobierno central. En lo único que cambia con respecto al último año del gobierno de Calle es en la asignación de los semiliberados, que antes cobraban el 70% de la retribución y ahora será del 50%.

De esta forma el alcalde mantendrá sin cambios su sueldo, que es de 14 mensualidades de 4.234 euros brutos. Los cuatro ediles liberados (Miguel Valdés, Leonor Nogales, Daniel Serrano y Raquel Bravo) cobrarán 14 mensualidades de 2.762. Mientras que los tres liberados a tiempo parcial (Ana Blanco, Francisco Miranda y Juan Carlos Perdigón) tendrán 14 pagas de 1.381 euros. Asimismo, se limitan las cuantías máximas que pueden percibirse por asistencia a plenos y comisiones informativas.

La propuesta fue aprobada gracias a los votos del Grupo Popular y en contra del Socialista y del Mixto, integrado por el concejal de IU y el de Siex.

La reducción en la asignación a los grupos políticos y del asistente de grupo motivó las quejas de la oposición. Antonio Vélez, de Siex, que por alternancia ha tenido la palabra en el Grupo Mixto en este pleno, apuntó que renuncia a cobrar nada del ayuntamiento, si bien advirtió que el "brutal" recorte en la asignación a los grupos políticos es "poco correcto" para ejercer su papel de oposición, y propuso que los salarios de los concejales liberados del gobierno tuvieran una rebaja en consonancia.

En esta misma línea se ha pronunciado Estrella Gordillo, portavoz del Grupo Socialista, quien dijo que asume la reducción de las aportaciones a los grupos por la necesidad de aplicar medidas de austeridad, pero pidió que los ajustes se apliquen igualmente a los liberados --el sueldo del alcalde y de los concejales liberados se mantiene sin cambios--. En todo caso, considera que el recorte "asfixia" a los grupos políticos y limita su tarea de oposición. La reducción, de un 66% en las asignaciones por grupo y de un 87% por concejal, deja las retribuciones por debajo de los mínimos aprobados por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

Ante las quejas, el alcalde tomó la palabra al final de Pleno para garantizar a los grupos políticos los medios necesarios para ejercer su labor, con la cesión de despachos, el suministro de material de oficina, e incluso apuntó la posibilidad de asignar funcionarios para realizar las tareas hasta ahora atribuidas a los asistentes.

Por otro lado, se designó a Miguel Valdés presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Transportes.