Visto para sentencia. La Fiscalía mantiene las peticiones de dos años de prisión y nueve de inhabilitación para la exconcejal del Ayuntamiento de Mérida Raquel Bravo y un técnico municipal en el caso de los ruidos generados por un pub de la capital extremeña, cuyo juicio ha concluido hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz. Ambos están acusados de un delito de prevaricación medioambiental por omisión por no atender las reiteradas denuncias presentadas por los vecinos. Por su parte, los letrados de los dos acusados han solicitado al juez la absolución de sus defendidos, al sostener que estos no tenían conocimiento de las denuncias por ruido contra el pub Caramelo.
Los hechos denunciados se remontan al año 2008, cuando el establecimiento abrió sus puertas y los vecinos empezaron a denunciar por el exceso de ruido. Por aquel entonces la delegada de Medio Ambiente era la socialista Marisa Tena, pero con el cambio de gobierno en 2011, Bravo asumió las funciones de la delegación de Medio Ambiente. Entre 2011 y 2013 los vecinos volvieron a presentar denuncias reiteradas ante la Policía Local.
En su declaración ante el juez, Bravo reiteró ayer los argumentos que ha venido defendiendo en los últimos meses: que si no dio curso a las denuncias fue porque no llegaban a la Delegación de Medio Ambiente y por tanto, no tenía conocimiento de las mismas para tramitarlas
