Una Extremadura Digna denuncia que los alcaldes de Mérida y Cáceres antepongan la audiencia con el Papa "a los problemas de la ciudadanía"

Una Extremadura Digna (UED) ha criticado la audiencia que los alcaldes de Mérida y Cáceres, Antonio Rodríguez Osuna, y Rafael Mateos, respectivamente, mantuvieron el pasado sábado en Roma con el Papa Francisco, en el marco de un encuentro con  un grupo de alcaldes de ciudades españolas que ostentan el título de Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de las dos ciudades extremeñas.

Desde la organización denuncian que los ayuntamientos de Mérida y Cáceres prioricen asuntos "superficiales" como la audiencia del Papa en el Vaticano, en lugar de "los problemas reales que sufre la gran mayoría de la ciudadanía".

En una nota de prensa recuerdan que el estado español es aconfesional, por lo que, según indican, "las instituciones públicas tienen que mantenerse al margen de cuestiones religiosas".

Osuna agradece al Papa Francisco sus palabras en el pregón de la Semana Santa de Mérida

En este sentido, aseguran que la visita de los regidores extremeños a la audiencia del Papa junto con otros alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad "no representan a toda la ciudadanía, sino en este caso a los católicos, por lo cuál, decir que la ciudadanía cacereña le muestra cariño y afecto al Papa es poner en toda la ciudadanía un sentimiento que solo procesan los católicos residentes en la ciudad", señalan en referencia a unas declaraciones realizadas por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Para UED, los ayuntamientos de Cáceres y Mérida "deben ponerse a trabajar en serio en soluciones a los problemas reales que sufre la gran mayoría de la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda digna, la creación y fomento de empleos estables con salarios dignos con más convocatoria de empleo público, mayor inversión en sanidad, educación y dependencia públicas accesibles, garantizar los mínimos vitales en comida, vestido, suministro energético, etcétera".

La organización reitera que los partidos políticos estatales con representación en las instituciones públicas "están más preocupados en defender sus propios intereses partidistas que solo les afecta a los suyos y no a los intereses generales de la ciudadanía extremeña", concluye.