La Guardia Civil ha desmantelado una red que vendía documentación falsa a inmigrantes irregulares procedentes, entre otros lugares de Cáceres, por la que pagaban entre 12.000 y 15.000 euros, y ha detenido a 23 de sus integrantes, entre ellos un miembro de una asociación de inmigrantes y una funcionaria del Ayuntamiento de Murcia.

Según ha informado ayer la Policía y la Guardia Civil, los miembros de la organización llegaron a exigir favores sexuales a mujeres para la entrega de la documentación. Para no levantar sospechas de la Administración, los inmigrantes procedían de distintas comunidades y provincias, entre las que se encuentran Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Lleida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria, de forma que cada uno tramitaba su documentación por sus oficinas.

Las investigaciones se iniciaron en el 2009 tras las sospechas que levantó en la Guardia Civil la documentación aportada en varias identificaciones por ciudadanos extranjeros y que permitieron descubrir una red dedicada a facilitar documentación falsa para regularizar a personas del Magreb. La organización falsificaba certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes, con las que solicitaban el permiso de residencia.