El Gobierno se comprometió en los presupuestos del 2006 a remitir al Parlamento la ley que reformará la pensión de viudedad. La ley fijará un año de nacimiento (en los 60) y las viudas nacidas a partir de esa fecha tendrán que presentar una prueba de rentas. Las que cuenten con ingresos para vivir cobrarán un porcentaje de la base reguladora y las que no, verán mejorada la pensión.

El Ejecutivo quiere recuperar el carácter sustitutivo de rentas de esta prestación para cubrir la pérdida de ingresos que aportaba el fallecido.