El clamor en defensa del bono social en el recibo de la luz es casi unánime. Sindicatos, organizaciones de consumidores y entidades sociales han salido en defensa de este descuento que beneficia a unos 2,4 millones de usuarios considerados vulnerables y cuyo sistema de financiación ha sido invalidado por el Tribunal Supremo. El alto tribuna reconoce a su vez el derecho de las eléctricas a recibir una indemnización.

Sin dar muchos detalles, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que ha asumido las competencias de Industria, ha asegurado que el ministerio cumplirá "evidentemente" la sentencia. Los servicios jurídicos del ministerio la analizarán, ha afirmado.

Los dos fallos responden a sendas sentencias de Endesa y EON, pero las resoluciones, que sientan juriprucencia beneficiarán a las vientena de sociedades distribuidoras. Entre las cinco mayores, el reparto de la financiación quedaba repartido del siguiente modo, como establece el boletín oficial del estado (BOE): Endesa, el 41%; Iberdrola, el 37,95%; Gas Natural, 14,78%; HC, 3,26% y viesgo, 2,22%. El resto se reparte hasta un total de 23 compañías integradas verticalmente.

En opinión de las eléctricas, al tratarse de política social, esta "debería ir con cargo a los Presupuestos del Estado". Otra de las opciones es el recibo de la luz, como en ocasiones anteriores, como cuando el Tribunal Supremó invalidó el modelo aprobado por el Gobierno del PSOE en el 2013. También critican que otro agentes del mercado, como las comercializadoras, no tienen que financiarlo.

PENSIONISTAS Y PARADOS

Lo cierto es que tras los usuarios con una potencia contratada inferior a los tres kilowatios (KW), con unos 1,8 millones; el siguiente colectivo de beneficiarios es el de los pensionistas, con más de 320.000; seguido por las familias numerosas, con más de 214.000, los parados, con más de 76.000 y quienes tenían la antigua tarifa social anterior al 2009, con más de 24.000, según los datos de la Comisión Naciona de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Entre los sindicatos, CCOO asegura que la sentencia del Supremo favorece "a las élites y a las eléctricas" y UGT exige que el coste del bono social no recaiga sobre los ciudadanos.