L a UE ha puesto en marcha el Plan Europeo de Recuperación, con un total de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 están destinados a España. Servirán sobre todo para financiar a partir del 2021 un pacto verde a favor de energías limpias, la transición digital y la reindustrialización con los que el Gobierno pretende dar un impulso modernizador al país al tiempo que reactiva los motores de una economía gripados por el virus.
Dentro de la necesaria colaboración público-privada para impulsar proyectos con dinero europeo, el Gobierno espera atraer suficientes planes de inversión de empresas capaces de engancharse a los objetivos del Next Generation EU (Próxima generación UE), que es el nombre con el que ha sido bautizado este fondo de 750.000 millones. La mitad llegará como dinero a fondo perdido a los estados y a las empresas que, a través de sus Gobiernos, logren presentar proyectos ganadores; la otra mitad llegará en forma de financiación muy ventajosa. Y todo ello, bajo la condición de que la política económica se ajuste a las recomendaciones dirigidas a España dentro del semestre europeo, que incluyen, por ejemplo, poner freno a la segmentación laboral (entre fijos y temporales).
El Gobierno trabaja desde hace semanas en el Plan de Inversiones que debe presentar a Bruselas antes del 15 de octubre. Pedro Sánchez confía en que los 140.000 millones asignados a España puedan multiplicarse por tres o cuatro veces gracias a los proyectos de inversión que presenten empresas y fondos de inversión entre enero del 2021 y finales del año 2023.
Hay un gran negocio por delante y grandes y medianas compañías empiezan a prepararse para subir al tren. «Nuestra recomendación para todas las empresas que quieran prepararse para recibir los fondos es que conciban todos sus proyectos de inversión y de transformación a partir de ahora con la lente que lo miraría el Gobierno y Bruselas, para que coincidan con las líneas de inversión prioritarias», aconseja Noelle Cajigas, socia responsable de Mercados y Capital Markets de KPMG.
«No importa el sector. Cualquier empresa que tenga proyectos que encajen bien dentro de estas grandes líneas van a ser bien vistos», vaticina Cajigas. «Dicho esto –añade– hay sectores que han sufrido más la crisis covid y que son susceptibles de generar proyectos que pueden encajar bien en estos fondos . Estoy pensando en la industria y la automoción, el turismo, el comercio, el transporte y la movilidad, la sanidad o las telecomunicaciones».
«Es fundamental identificar de inicio los sectores con mayor potencial para que actúen como motores de recuperación y como generadores de empleo», afirma el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Desde su punto de vista, para favorecer la llegada de capital privado en competencia con otros países «debemos contar con marcos estables y predecibles, que proporcionen seguridad jurídica y atraigan inversión y talento».
«Lo que valoraremos será la aportación de esos proyectos a cada una de las líneas transformadoras, siendo conscientes de que para este Gobierno la cohesión territorial es un principio irrenunciable. Es muy importante entender que la gestión del fondo es un todo y debemos estar muy coordinados», enfatizó Sánchez en la pasada conferencia.
«Es una oportunidad única para las empresas», subraya Silvia Lacarra, socia de Estrategia de PwC. Pero no es fácil. «No basta solo con tener una idea. Esta debe encajar en las líneas descritas por la Unión Europea y en el Plan Nacional de Reformas e Inversiones 2021-2023 que el Gobierno debe presentar a Bruselas antes del 15 de octubre. Luego hay que preparar un dossier completo que pueda ser presentado ante la Unión Europea», añade. En los procedimientos de ayudas europeas, la ratio de éxito es de uno por cada 10 proyectos presentados por empresas.
El proceso no es fácil y por eso desde la CEOE, en colaboración con PwC se ha constituido una oficina técnica para informar, asesorar y acompañar a las empresas que quiera subirse al tren de las ayudas y guiarlas en la confección y presentación de los proyectos. Silvia Lacarra representa a PwC en esta oficina.
Se podría pensar en el ejemplo de un proyecto para digitalizar una zona rural en el que pudieran estar implicados los ayuntamientos de la zona, una gran ‘teleco’ y un puñado de pequeñas y medianas proveedoras.
Las grandes empresas lo tienen más fácil. Muchas de ellas tienen oficina en Bruselas y conocen bien cómo funcionan los procedimientos europeos. El reto será poder subir al tren también a las pequeñas y medianas.
Los autónomos también quieren optar, por eso la asociación ATA esta presente en la oficina técnica de CEOE, explica Celia Ferrero. H
