Dicen que cuando una medida no satisface plenamente o disgusta a los múltiples protagonistas implicados es que es equilibrada y equitativa. Algo así sucedió ayer con la reforma energética aprobada por el Gobierno: Ni consumidores, ni eléctricas, ni productores de energías renovables quedan satisfechos con el ajuste de 4.500 millones de euros acordado ayer por el consejo de ministros para atajar el déficit entre los costes regulados del sistema y los ingresos reconocidos a través de la tarifa de la luz. La deuda de 26.000 millones que se ha acumulado por ese desfase estructural a lo largo de los últimos años se absorberá en 15 años, según las previsiones oficiales.

El impacto más inmediato será para las familias y empresas, que verán encarecerse el recibo una media del 3,2%. Y sin esperar a la revisión trimestral de octubre próximo, sino a través de una orden del ministerio de Industria, que permitirá que la subida entre en vigor en agosto, al inicio de las vacaciones estivales de la mayoría de los ciudadanos. El aumento medio será de 2,42 euros al mes para los hogares, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción.

Esa es la contribución de los particulares, unos 900 millones, que es la subida de los peajes de acceso que se cobran por el uso de la red y que van directamente a la tarifa. La otra mitad del recibo se regula mediante subastas en el mercado.

Además hay otra participación de familias y empresas, 900 millones procedentes de los Presupuestos del Estado que, de hecho, son fondos que salen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Pero esta parte la aportará Hacienda el año que viene.

LA DEFINITIVA El ajuste inmediato de medidas urgentes se completa con el recorte de 2.700 millones en la remuneración de las actividades reguladas como la distribución y el transporte eléctrico, por una parte; y de la producción con energías renovables (viento o sol), por la otra.

Las eléctricas sufrirán un recorte de unos 1.000 millones en distribución y Red Eléctrica (REE), de unos 200 millones en el transporte. Para las inversiones de este sector la nueva retribución será del del 6,5%.

En cuanto a las renovables, se suprimen las primas que reciben los productores y se fija una subvención fija para toda la vida útil del proyecto (7,5% hasta dentro de seis años, cuando se revisará).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que "esta es la reforma definitiva", mientras que el titular de Industria, José Manuel Soria, sentenció que con las medidas adoptada por el Ejecutivo el sistema será "sostenible y tendrá certidumbre", a diferencia de lo que sucedía hasta ahora.

En todo caso, el 2013 se cerrará aún con un déficit de 2.500 a 3.000 millones. De no tomarse ninguna medida sería de unos 10.500 millones, dijo Soria. Y, añadió, de no repartirse las cargas, los usuarios deberían soportar una subida del 19%.

Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz "más claro" para que "todos puedan entender la factura", al tiempo que la actual tarifa de último recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. "No cambia de concepto", aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores. La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios (KW) de potencia, mientras que la revisión de costes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos "automáticos" en la parte de los ingresos.

Por su parte, el bono social dirigido a las personas más necesitadas estará ligado a un criterio de renta, lo que dejará fuera muchos de sus actuales beneficiarios. Esta medida entrará en vigor el 2014 porque está en el proyecto de ley. Cuando esté aprobada, los beneficiarios tendrán que probar su nivel de renta, seguramente ante su compañía eléctrica.

Según fuentes del ministerio de Industria, "no todas las familias numerosas ni los consumidores de menos 3 KW de potencia instalada lo necesitan". Para fijar el límite se partirá del salario mínimo interprofesional más unos incrementos según el número de miembros.

Para una familia de cuatro miembros, el límite será unos 28.000 o 29.000 euros al año. El coste del bono social lo asumirán las eléctricas. La sentencia del Tribunal Supremo que decía que debía hacerlo la tarifa lo justificaba porque no había motivación ni rango legal suficiente en la ley que obligaba a pagarlo al sector, pero el Ministerio de Industria cree que "lo ha salvado con la redacción de la nueva ley".