El Gobierno anunció ayer que el próximo marzo tramitará una ley para garantizar y clarificar a centros hospitalarios, profesionales y pacientes los derechos de los enfermos terminales y los cuidados que se les deben proporcionar. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez-Rubalcaba, dejó claro que la futura norma, que se basa en la estrategia de cuidados paliativos establecida en el 2007 --que ya se aplica en varias comunidades autónomas, como Catalunya--, "no es una ley de eutanasia" ni prevé la reforma del Código Penal, que seguirá castigando esta práctica. El Ejecutivo nunca ha sido partidario de acometer esta regulación y menos ahora, hacia al final de la legislatura donde depende para gobernar de un pacto con el PNV, de fuerte inspiración democristiana.

"El objetivo es garantizar el derecho a morir sin dolor cuando la ciencia médica lo permita a aquellos pacientes a los que solo les queda un calvario", explicó Rubalcaba sobre la ley, que se denominará de cuidados paliativos y muerte digna y formará parte de la "agenda social" anunciada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva norma seguirá los pasos de la francesa y la aprobada en febrero en Andalucía.

REACCIONES El presidente del PP, Mariano Rajoy, destacó que la desconfianza que genera el Gobierno "es ya supina", que el Ejecutivo no tiene "crédito" y que "no va a arreglar esto" con independencia de los planes y las medidas que ponga en marcha hasta que concluya su mandato. Ha replicado así al catálogo de casi treinta leyes que el Gobierno presentó ayer.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, defendió en Ourense, el proyecto de ley para "aliviar ese dolor" que sufren los pacientes terminales, y explicó que "va dirigida a los pacientes en los últimos días de su vida tremendamente dolorosos".

Después de las declaraciones realizadas por Rubalcaba, en las que explicó el fin de garantizar los derechos de los pacientes, sus familiares y médicos y "a morir dignamente", que es lo mismo que decir "morir sin dolor", Pajín subrayó que "poco más" tiene que decir hasta que no haya un texto con el que debatir y discutir con los grupos parlamentarios y la sociedad".

Una reacción adversa es la del presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, para quien es "una ley que regule la eutanasia autorizará a un médico a matar y viola el derecho a la vida". En el XII Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el CEU, aseguró igualmente que se trataría de "una ley profundamente injusta que quebraría más nuestra sociedad" y añadió que "los católicos deben unirse para protestar y defender el derecho a la vida".