El debate sobre la reforma del sistema público de pensiones avanza a trompicones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, defendió ayer que sería "razonable" una mayor relación entre lo que un trabajador ha cotizado y la cuantía de su pensión. Aunque la forma automática de lograr este objetivo es aumentar el actual periodo de cálculo de las pensiones (15 últimos años de la vida laboral), Granado evitó meterse en este charco, del que tuvo que salir a marchas forzadas la vicepresidenta Elena Salgado cuando se dio a entender que Economía planteaba alargarlo de los 15 años de ahora a 25.

Por eso, Granado, en un acto organizado por el Fórum Europa, se limitó a decir ayer que no era partidario de computar toda la vida laboral y defendió que "hay soluciones técnicas mucho mejores", que no precisó. No obstante, razonó que es necesario dar una respuesta a las personas que pierden su empleo en una edad avanzada y que ven cómo toda una vida de cotización se reduce a la mínima expresión al pasar al paro y, de ahí, a la jubilación. Dijo que este colectivo representa el 2% o el 3% de los que se jubilan. El Gobierno calcula que alargar 20 años el periodo de cálculo y retrasar dos años la jubilación permitiría un ahorro equivalente a cuatro puntos del PIB a partir del 2030.

Granado no habló expresamente de alargar el periodo de cálculo, pero se le parecía mucho. En 1985, un Gobierno socialista amplió de 2 a 8 años el periodo de cálculo. En 1996 se acordó elevarlo a 15 años y en el 2007 se acordó hacer efectivos estos 15 años que, en la práctica venían siendo menos de 13. En otros países, como Francia, se ha pasado de 10 a 20 años; en Portugal, de 10 a 45; en Suecia, de 15 a 45; en Alemania, a 47 años.

PROPUESTAS A NEGOCIAR En relación con la única reforma concreta que ha planteado el Gobierno --alargar a 67 años la edad legal de jubilación--, Granado negó que se haya retirado tal iniciativa después de los actos de protesta de los sindicatos, si bien admitió que puede sufrir cambios. "Las propuestas no se retiran, se modifican", dijo Granado. "Las medidas se enuncian y, a partir de ese momento, son objeto de negociación", añadió.

El secretario de Estado transmitió la sensación de que el Gobierno quiere ir con pies de plomo para evitar nuevos sobresaltos. Pero el esfuerzo parece inútil. Cualquier comentario se convierte en una fuente infinita de controversia, como se volvió a demostrar ayer, a raíz de unas declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

En una entrevista en Telemadrid, Corbacho aconsejó a los trabajadores que se hagan un plan de pensiones que complete la jubilación pública, no porque esta vaya a tener problemas y no cobren, sino para compensar la pérdida de ingresos que se produce al jubilarse. El, según dijo, tiene uno desde hace años.

La "obviedad" de lo dicho por el ministro --en expresión del portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso-- se convirtió, sin embargo, en un motivo inesperado de ataque tanto del PP como de IU-ICV. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al Gobierno que "deje de generar alarma". A su juicio, las palabras del ministro de Trabajo recuerdan "los peores tiempos" del extitular de Economía Pedro Solbes. La portavoz popular hacía referencia a cuando Solbes, siendo ministro de Felipe González, recomendó a los más jóvenes suscribir un plan privado para garantizarse una mejor pensión. Joan Herrera (IU-ICV) pidió al ministro que no se ponga "al servicio de los planes de pensiones privados".