Los inquilinos deberán incluir en su próxima declaración de la renta el número de referencia catastral de la vivienda, según anunció ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. La Agencia ha renunciado a solicitar el número de identificación fiscal (NIF) del propietario, tal como había anunciado el propio vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, el 4 de febrero.

Se ha llegado a la conclusión de que es más fácil y eficaz consignar la referencia catastral. A partir de este dato, Hacienda podrá encontrar el NIF del propietario o propietarios de la finca.

El programa de ayuda para la declaración de la renta de este año (programa Padre) incluirá un enlace con la dirección general del Catastro, para que los contribuyentes puedan saber al momento la referencia de la vivienda sólo con la dirección.

En las autonomías donde existe deducción por alquiler de vivienda, los inquilinos ya consignan el NIF del propietario. Es el caso de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia. Esta obligación será inalterable. Además, todos los inquilinos --se beneficien o no de deducción-- deberán reflejar la referencia catastral.

Pedroche, que ayer presentó los resultados de recaudación de la Agencia Tributaria en el 2004, informó de que algunas de las 300 medidas del Plan de Prevención del Fraude ya se han puesto en marcha. Se han articulado varios programas para la detección de la economía sumergida (sociedades inactivas, tramas de IVA e impuesto de matriculación...) y para garantizar el cobro de las deudas (mediante embargos preventivos que eviten la posterior declaración de insolvencia).

En un mes, la Agencia Tributaria remitirá a los contribuyentes cerca de 200.000 declaraciones paralelas del IRPF que corrigen las presentadas en el 2004.

Normalmente, cada campaña de declaración de la renta desencadena la emisión de unas 600.000 paralelas que, o bien minoran la devolución solicitada, o bien aumentan la deuda declarada. Este año las paralelas van con retraso, por la nueva ley general tributaria que entró en vigor en julio. Todas las paralelas pendientes --dijo Pedroche-- son declaraciones positivas.

La nueva Ley General Tributaria también elevó de 90 a 120 millones de euros el umbral de deuda defraudada a partir de la cual se incurre en delito fiscal. Ello ha motivado que los tribunales hayan devuelto a la Agencia 117 expedientes que no alcanzaban el nuevo tope.

ANUNCIOS EN LA TELEVISION Otra de las medidas en la lucha contra el fraude es un anuncio televisivo, que se emite desde ayer, que se ha propuesto concienciar a "la mayoría" de los contribuyentes que pagan sus impuestos contra los defraudadores, incidiendo en el carácter "insolidario" del defraudador.