En las conversaciones entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se planteó la posibilidad de intervenir la Mutua Universal para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, se descartó. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social abrió un procedimiento administrativo para, en el caso necesario, adoptar medidas cautelares.

La querella detalla que existió una denuncia anónima ante la Seguridad Social que destapó las presuntas irregularidades que, por otra parte, han sido confirmadas en la fiscalía por una antigua directiva de la firma.