El grupo de telecomunicaciones tiene previsto iniciar un expediente de regulación de empleo que podría afectar hasta 1.000 trabajadores, lo que supondría el 21,7% de la plantilla. La medida pretende mejorar la eficiencia de la empresa tras la adquisición del cable de Auna. La compañía comunicó ayer sus planes al comité de empresa y anunció que en los próximos días determinará la fecha para la apertura del periodo de consultas y de la constitución de la mesa negociadora. Fuentes de CCOO señalaron que analizarán los argumentos de la empresa para presentar el expediente y ver si hay razones objetivas que justifiquen una reducción de la plantilla.

En todo caso, añadieron que la cifra de 1.000 trabajadores sobre los 4.600 que componen la plantilla parecen excesivos, sobre todo por el hecho que ONO y Auna ofrecen sus servicios en zonas diferentes por lo que no parece que pueda haber tantas duplicidades de funciones, según los sindicatos.