Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea se pronunciarán hoy en Luxemburgo sobre la nacionalización de la decisión de cultivar o vetar transgénicos, propuesta por la Comisión Europea (CE), que ya ha sido rechazada por los titulares europeos de Agricultura.
El Ejecutivo comunitario propuso en julio que los gobiernos tuvieran más libertad para decidir si permiten o vetan el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio. España, Francia, Italia y Alemania se oponen, por distintos motivos, a la propuesta.
Mientras que España, tradicionalmente favorable a este tipo de cultivos, considera que la medida devolvería al ámbito nacional una cuestión que ya estaba gestionada a escala comunitaria, otros como Francia se quejan de la falta de rigurosidad en los análisis de evaluación de impacto que lleva a cabo la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) y reclama la revisión del proceso.
España es el país de la UE con más superficie de OGM, con un 80% de las plantaciones de maíz transgénico y una extensión nacional de 76.000 hectáreas.
La CE, que ante la frecuente falta de acuerdo entre países tanto para aprobar una autorización como para vetarla se veía obligada a decidir, prefiere que sean los países los que elijan si prohíben o permiten el cultivo, aunque oficialmente alega que los cambios permitirían acabar con la lentitud del proceso de aprobación de transgénicos.
Para hacerlo posible, incluyó que los países puedan oponerse a la plantación en su territorio por "motivos distintos a los riesgos para la salud o para el medio ambiente". Con ello, evita la confrontación con los análisis de la AESA y la decisión de los países de no autorizarlos.
