El Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas un decreto ley con las medidas legislativas que permitan a empresas, ciudadanos e instituciones hacer frente a la eventualidad, ahora más cercana, de una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 29 de marzo, dentro de 93 días. Este plan de contingencia irá acompañado de una acción muy intensa en materia de comunicación, con el lanzamiento de una página web en Presidencia en la que se abordarán cuestiones operativas concretas, útiles para ciudadanos y empresas, más allá de la actual labor divulgativa de la Secretaría de Estado de Comercio.
Aún no está decidido si el Gobierno español optará por el modelo adoptado en Francia, donde la Asamblea Nacional ha dotado de plenos poderes al Ejecutivo de Emmanuel Macron para ir gestionando a golpe de decreto las medidas necesarias en apoyo de los ciudadanos franceses en Reino Unido, de los británicos en suelo francés y de las aduanas. En Alemania se ha publicado un borrador de ley para garantizar la actividad financiera de entidades británicas en un periodo transitorio. Según fuentes de Presidencia, el Gobierno español lleva meses recibiendo de los diferentes ministerios propuestas para afrontar todas las posibles consecuencias de una salida desordenada del Reino Unido, bajo coordinación de la vicepresidenta Carmen Calvo.
EVITAR SEÑALES DE ALARMA / En su comparencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 13 de diciembre, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se refirió a los planes de contingencia en los que está trabajando el Gobierno pero juzgó «un poco imprudente» empezar a lanzar mensajes ya que ello crearía «una alarma innecesaria». Se refirió a los trabajos coordinados de los ministerios de Interior, Empleo, Función Pública y Exteriores para garantizar en todo caso a los ciudadanos británicos el conjunto de derechos de los que disfrutan actualmente «a condición de que los españoles en Reino Unido tengan un trato recíproco».
REGISTRO / Para ejercer estos derechos -según Borrell- habrá que utilizar una inscripción en el registro de extranjeros y reformar el Reglamento de Extranjería. El problema es que en la actualidad hay «varias decenas de miles» de británicos que no están registrados aún y España solo podrá reconocer a los inscritos. «A los demás, difícilmente podríamos darles el mismo trato», admitió el titular de Exteriores. Para atajar esta circunstancia, el Gobierno español ya ha previsto reforzar los consulados en el Reino Unido y abrir uno nuevo en la ciudad de Manchester, así como un plan de comunicación junto con la embajada británica.
En cuanto a las empresas, se prevé una nueva página web de Presidencia que permita completar las acciones informativas que viene desarrollando la Cámara de Comercio de España en coordinación con el Ministerio de Industria.
La primera ministra Theresa May ha retrasado hasta el 13 de enero la votación en el Parlamento del acuerdo que ella misma negoció con la Comisión Europea. Londres ha avanzado que pondrá 3.500 soldados «en alerta» en puertos y aeropuertos si hay un brexit sin acuerdo. Cinco de las agrupaciones empresariales más importantes del Reino Unido se han mostrado «horrorizadas» por este futuro. Y la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa 14 propuestas legislativas concretas sobre las que articular un plan de contingencia para minimizar posibles consecuencias sobre sectores clave para los ciudadanos como el tráfico aéreo, el transporte por carretera, el comercio, las aduanas, los servicios financieros o los derechos de los ciudadanos. Las restricciones previstas por la CE para las aerolíneas británicas podrían suponer un castigo severo para Iberia, propiedad de la británica IAG.
Con el plan de contingencia de la Comisión Europea en marcha, el Gobierno español se prepara para lanzar el suyo de forma «inminente», según fuentes del Ejecutivo. Hay quien interpreta, incluso, que la «alarma» -en expresión de Borrell- que puedan generar estos planes podría influir en el ánimo de diputados británicos a a favor del acuerdo de May con la CE para una salida ordenada.
En general, el brexit despierta una mínima preocupación en las empresas, más pendientes de cuestiones como demanda interna, impuestos o cargas sociales. Sin embargo en las últimas semanas la preocupación va en aumento, según el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de España, Andrés Pereda. «Lo más importante es que las empresas que tienen relaciones con Reino Unido o prevén tenerlas se hagan una radiografía para ver cómo puede quedar su negocio en caso de un brexit duro», resume Pereda. La mayoría de las empresas solo comercian dentro del mercado único y no están familiarizadas con los controles aduaneros y administrativos propios de las transacciones con países terceros, como Estados Unidos o Rusia.
En previsión de un brexit duro el Gobierno y la Cámara de Comercio trabajan en fórmulas para agilizar los certificados de origen para exportar, la expedición de cuadernos ATA para asistir a ferias, acelerar la devolución del IVA o establecer mecanismos ágiles de inspección fitosanitaria entre otros aspectos.
