La factura de la luz subirá unos cuatro euros de media al mes a partir del año próximo con la revisión de la tarifa que aprobará hoy el Gobierno. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos fijará un incremento de entre el 9% y el 10%, según las fuentes, debido al alza del coste de la energía en los mercados internacionales.

Si bien el Ministerio de Industria se negó a concretar la subida, sí ha reafirmado su intención de congelar la parte de la tarifa en la que se recogen los costes regulados y de repercutir el coste del decreto del carbón, lo que, una vez asumido el encarecimiento de la energía, podría suponer un alza del 10% en la tarifa de último recurso.

Este porcentaje no confirmado, en el que coinciden la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las empresas del sector, supondría un encarecimiento del recibo medio mensual de 4,25 euros por usuario, o de 51,1 euros al año. Esta cifra podría ser algo inferior si la subida de la tarifa se queda en el 9%, tal como prevé la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en base a la información facilitada por la Dirección de Política Energética de Industria.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró ayer que el Gobierno está buscando una "fórmula" que permita que la subida no deteriore la economía de las familias españolas.

ECONOMIA SUMERGIDA En febrero del 2011 también entrará en vigor una disposición que obligará a las compañías eléctricas a informar a la Agencia Tributaria de los consumos de los contribuyentes, con la finalidad de detectar alquileres no declarados o actividad industrial o comercial oculta al fisco. Hacienda podrá detectar discrepancias entre los titulares de los 25 millones de contratos de suministro eléctrico existentes en España y los que pagan los recibos.

En la comunicación que facilitarán a la Agencia Tributaria debe figurar tanto el nombre y apellidos o razón social y NIF de los contratantes, como de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, dado que existen miles de contratos de luz donde no coincide el titular con quien realmente paga la factura debido a que, por ejemplo, se trata de una vivienda o local alquilado. La medida obligatoria forma parte de la ley de prevención del fraude fiscal.