La reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros también aplicará a la Administración y a sus organismos autónomos el límite de 24 meses para los contratos temporales. El Gobierno ha incorporado la medida como una disposición de última hora en el real decreto ley.
La modificación responde a una petición realizada por los sindicatos durante la negociación de la reforma laboral y tendrá un efecto cuantitativo relevante debido a la bolsa de temporalidad que existe en las administraciones públicas.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, indicó que la reforma laboral permitirá que cerca de un millón de trabajadores temporales se conviertan en fijos y que la eventualidad, situada ahora en un 33,3%, se reduzca en un 20%, es decir, en "al menos un millón de personas", según señaló Caldera.
La Seguridad Social dejará de ingresar unos 1.200 millones de euros con la aplicación de las bonificaciones sociales que se ofrecen a los empresarios para transformar los contratos temporales.
Caldera animó a las empresas a aprovechar estas ayudas antes del 1 de enero del 2007, ya que a partir de esa fecha no habrá más incentivos para los que hagan fijos a los temporales, sino solo para los contratos indefinidos iniciales. El ministro añadió que la reforma extenderá la protección a 250.000 parados.
REACCIONES POLITICAS La portavoz de asuntos sociales del PP, Ana Pastor, criticó la reforma por haber sido "impuesta" y resultar "insuficiente". CiU anunció que apoyará la "minirreforma", aunque advirtió de que trabajará para que se mejore en el Congreso de los Diputados porque es "tímida e insuficiente".
Caldera defendió que la reforma es "importante y ambiciosa", pero "lo más importante es que cambiará la cultura de la contratación de este país" porque desde ahora "saldrá más caro" contratar de manera temporal, mientras que el empleo indefinido será "más productivo para las empresas y el país".
