El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la ley de devolución a Catalunya de los papeles de Salamanca y ha pedido la opinión de las partes sobre una posible suspensión cautelar de la misma.
En una providencia fechada el 17 de enero y dada a conocer hoy, la sección segunda del alto tribunal acuerda dar traslado de la demanda y la documentación presentada por la Junta al Congreso, al Senado y al Gobierno, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas.
Además, y en respuesta a la petición de la Junta de que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ley hasta que haya sentencia, el Constitucional emplaza asimismo al Congreso, Senado y Gobierno a que formulen sus alegaciones en un plazo de 15 días.
Vulneración de la Carta Magna
La decisión del Constitucional se ha dado a conocer un día después de que las 500 cajas con documentación incautada a la Generalitat salieran del mismo con destino a Madrid, donde esperan su traslado definitivo a Barcelona en los próximos días.
La Junta de Castilla y León interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional el pasado 12 de diciembre y solicitó la suspensión cautelar de la ejecución material de la restitución hasta que se emita sentencia al respecto.
Entre los argumentos de la Junta, para preservar la integridad del centro archivístico, está que la ley publicada el pasado día 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es una "vulneración clara, rotunda y flagrante" de la Constitución, además de supone una "expoliación" y la "mutilación" de la mitad de los documentos del archivo salmantino, por lo que "rompe la función social" que este centro debe desarrollar.
La Audiencia se pronunciará el lunes
Por otra parte, la Audiencia Nacional decidirá el lunes si atiende la petición del Ayuntamiento de Salamanca de retener en las dependencias del Ministerio de Cultura en Madrid los documentos del Archivo General de la Guerra Civil trasladados ayer.
Según fuentes de la Audiencia, el recurso presentado por el Consistorio salmantino ha sido recibido a última hora de esta mañana por la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal.
Este ayuntamiento impugnó ante la Audiencia el traslado de los papeles por entender que se incumplió la ley y solicitó que, de forma cautelar, las cajas permanezcan en el Ministerio. El próximo día 23, el tribunal deliberará y decidirá si adopta o no la medida cautelar solicitada por el consistorio salmantino.
El alcalde dice que ha sido "una humillación"
Entretanto, el alcalde de esta ciudad, Julián Lanzarote (PP), ha afirmado que en el traslado a Catalunya de los documentos de la Generalitat guardados en el Archivo de la Guerra Civil "ha habido demasiada política desde el principio".
Lanzarote, en declaraciones a Antena 3, ha asegurado que la problemática del traslado de los papeles "estaba prácticamente cerrada desde el 22 de julio de del 2002, pero se reabrió por un pacto político –entre el Ejecutivo del PSOE y los nacionalistas catalanes-- y porque el dictamen de los expertos no gustaba a este Gobierno".
El alcalde ha vuelto a calificar de "humillación" la forma en la que ayer se produjo el traslado de los documentos, con un "tremendo despliegue policial", y ha dicho que la ciudad de Salamanca y sus habitantes no se merecían ese trato.
Lanzarote ha negado haber promovido la provocación con la negativa a los trabajos de carga y descarga de los furgones que debían trasladar los legajos, porque "el Ayuntamiento tiene un bando y su obligación es que se haga, que se cumpla, y el único que lo ha incumplido es el Ministerio de Cultura".
