La Audiencia Nacional ha revocado el caso Faisán caso Faisánpor falta de indicios suficientes para establecer un dictámen sobre el caso. Los 14 magistrados de la Audiencia Nacional han considerado por unanimidad que sí existió delito, pero no lo califican. Todos los magistrados consideran que los indicios aportados por el juez instructor Pablo Ruz "son insuficientes" y le exigen que lleve a cabo una más amplia investigación.
Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debían decidir si el tribunal era competente para seguir investigando el chivatazo que ETA recibió el 4 de mayo del 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), que le alertaba de una redada. La investigación de la presunta filtración fue desgajada de la causa principal e instruida en un sumario aparte.
En un voto particular que dictó el pasado 5 de abril, el magistrado De Prada defendió que el chivatazo no podía suponer un delito de colaboración con organización terrorista y que tenía "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz". Como consecuencia, el proceso se ha politizado, ya que otros consideran ilícita cualquier tipo de vía de negociación con la banda terrorista ETA.
En una nota de prensa hecha pública por el tribunal, éste indica que "el pleno aprecia indicios suficiente de un hecho que reviste los caracteres de delito", pero que ha revocado el auto dictado el pasado 13 de julio por Ruz "por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación". "Consecuencia de lo anterior, no se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos", añade la nota.
Sigue la imputación a los agentes
Fuentes jurídicas consultadas en el tribunal han explicado a Efe que, en efecto, los magistrados no han estudiado si el chivatazo recibido por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, debe ser calificado como colaboración con ETA, como sostenían las acusaciones populares, o como revelación de secretos, como mantiene la fiscalía. Al estimar insuficientes los indicios que el juez apuntaba contra los mandos policiales, éstos dejan de estar procesados, pero seguirán imputados en la causa por los delitos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.
Ruz tendrá que seguir practicando diligencias para hallar nuevos indicios que le permitan procesar otra vez a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros o que le conduzcan a otras personas como autoras del chivatazo y, si no los encuentra, se verá obligado a archivar la causa. En el auto de procesamiento ahora revocado, el juez afirmó que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización". Para el juez, en el chivatazo a ETA existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos" y el aviso a Elosua permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".
Sin precedentes
Es la primera vez que se revoca una decisión de Ruz en la investigación. En la vista de los recursos, celebrada en las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), la fiscalía ya apuntó la "debilidad" de los indicios contra García Hidalgo y pidió a la Audiencia Nacional que se declarara incompetente para investigar los hechos al considerar que no constituyen un delito de colaboración terrorista. Para el fiscal, esa calificación jurídica exige cierta "adhesión ideológica" con la banda y la intención de favorecer sus actividades. Mientras tanto, las defensas de los tres mandos policiales sostuvieron que sus representados no tienen relación con el chivatazo y solicitaron el archivo de la causa.
Por último, las acusaciones populares --ejercidas por el PP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia-- pidieron al tribunal que confirmara en su integridad el auto de procesamiento. La decisión adoptada este miércoles por la Audiencia Nacional satisface parcialmente las pretensiones del ministerio público y de las defensas, al concluir que no hay suficientes indicios contra los mandos policiales, pero también deja abierta la puerta a que el resultado de las nuevas diligencias que se practiquen permitan procesarles de nuevo, incluso por colaboración con ETA.
