El El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por 11 votos contra 10 la reforma legal contra la pequeña delincuencia "profesionalizada". La mayoría conservadora apoyó la expulsión de inmigrantes sin papeles condenados a delitos inferiores a seis años. El vocal progresista José Antonio Alonso calificó la medida de "xenófoba y discriminatoria".
La reforma fue apoyada por el presidente del CGPJ, Francisco Hernando, y por los 10 vocales conservadores. Y fue rechazada por los ocho vocales elegidos a propuesta del PSOE y de IU, el independiente Agustín Azparren y el vocal nombrado a propuesta de CiU, Alfons López Tena.
RETOQUES PARA LA REFORMA
Sin oponerse al proyecto del Gobierno, la mayoría del CGPJ sugiere, sin embargo, realizar algunos retoques al proyecto. Así, aconseja que el castigo a la multirreincidencia delictiva sea potestativo de los tribunales y que no se sancione como delito las faltas de hurto, sustracción de vehículos a motor y lesiones cuando los autores hubiesen sido condenados con anterioridad por haber cometido tres faltas como esas.
Los vocales de la minoría progresista han formulado un voto particular en el que sostienen que resulta inconstitucional la reinstauración del agravante de multirreincidencia. Y por ello, sostienen que si esa medida no se aplica no provocaría "ninguna desprotección social".
Por otra parte, el CGPJ decidió ayer contratar a un asesor de imagen con el fin de mejorar la imagen de la justicia. La decisión fue apoyada por 16 vocales y rechazada por cinco. Los vocales discrepantes consideran que la contratación de esa persona constituye "una frivolidad", ya que "la justicia no necesita asesores de imagen sino mejoras desde el punto de vista de la eficacia".
Además, los ocho vocales progresistas reprobaron la gestión del portavoz de este organismo, Enrique López, a quien reprochan que facilite una información parcial que beneficia a la mayoría conservadora. Los vocales conservadores defendieron la gestión del portavoz.
