El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado hoy que las disfunciones o solapamientos existentes entre las Administraciones Públicas serán corregidas "sin imposiciones", para lo que se buscarán acuerdos políticos o pactos entre el Gobierno y las autonomías. En su respuesta en el Senado a una interpelación de la senadora del PP Beatriz Escudero sobre los planes del Gobierno para racionalizar las administraciones públicas, Chaves ha defendido además la viabilidad de un modelo autonómico que "no está agotado" y que tiene "largo recorrido y potencialidad". En este sentido, ha lamentado que el PP sustente "una corriente de opinión" que, con la excusa de la crisis económica, pone en cuestión la viabilidad del Estado de las Autonomías y proyecta la imagen de unas comunidades "despilfarradoras, ineficientes y que suponen un problema para el desarrollo de España". "Sin las autonomías no es posible comprender el avance y la modernización de nuestro país en los más de 30 años de democracia", ha afirmado Chaves. No obstante, ha reconocido que en un modelo territorial descentralizado y complejo como el español se pueden producir disfunciones que hay que corregir y cuya solución "encontrará respuesta en la agenda reformadora del Gobierno". Dichas correcciones se llevarán a cabo "con respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía" y mediante acuerdos que podrían concretarse en la conferencia de presidentes o en las sectoriales. Para ello, ha recordado que se ha encargado a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas un informe para identificar las posibles "duplicidades, solapamientos e ineficiencias" entre las distintas administraciones y cómo eliminarlas. Según ha dicho, se trata de mejorar la eficiencia del Estado autonómico, pero "no de recortar la autonomía, renacionalizar las competencias o volver a las recetas que ya fracasaron". La senadora popular ha defendido durante su interpelación la necesidad de "una segunda gran reconversión que dé soluciones a los problemas de las administraciones públicas", algo que el Gobierno "no quiere ver". Ante esta situación, Escudero cree que si no se pone solución, se corre el riesgo de que "el paciente colapse mientras todavía se realizan consultas".
