La Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana incumple la normativa comunitaria. Según Bruselas, la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), que derogó la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sigue vulnerando las directivas sobre contratación pública en "varios aspectos", como el contenido de los anuncios y documentos de licitación.
"Asimismo, la Comisión estima que las autoridades españolas no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE", precisó Bruselas. El Ejecutivo comunitario explicó, además, que Bruselas y las autoridades valencianas discrepan sobre una "cuestión fundamental": la naturaleza pública o privada de los Programas de Actuación Integrada (PAI), ya que, mientras la Comisión considera que son contratos públicos sometidos a la normativa comunitaria, el Gobierno valenciano defiende lo contrario.
El caso se remonta a hace dos años, cuando Bruselas envió a España una carta de emplazamiento y un dictamen motivado (primeros dos pasos del procedimiento de infracción comunitario) denunciando las supuestas irregularidades de la LRAU. En esos documentos, Bruselas pidió a las autoridades valencianas que adoptaran las medidas necesarias para garantizar que la adjudicación de los PAI se realizara conforme a lo establecido en la normativa comunitaria.
La LRAU fue derogada por la LUV, que entró en vigor el 1 de febrero de 2006 y que pretendía corregir esa situación. Después de examinar las disposiciones de la nueva normativa Bruselas envió una nueva carta de emplazamiento y otro dictamen motivado a España, pidiendo explicaciones sobre varias disposiciones de la LUV.
En particular, demandó a las autoridades autonómicas precisiones sobre "la forma en que habían seguido las advertencias anteriores relativas a la continuación de la adjudicación de contratos, infringiendo las directivas sobre contratación pública de la UE". Tras haber analizado las respuestas del Gobierno valenciano, el Ejecutivo comunitario ha concluido que, aunque la LUV "simplifica el procedimiento de selección de los agentes urbanizadores, sigue incumpliendo las directivas sobre contratación pública de la UE en varios aspectos".
Entre ellos, menciona "la posición de los licitadores que solicitan a las autoridades adjudicadoras el inicio de un procedimiento de adjudicación de un PAI, el contenido de los anuncios y documentos de licitación y algunos de los criterios de adjudicación de contratos". También considera que viola la normativa europea "la posibilidad de modificar el contrato en el momento de la adjudicación o durante su ejecución".
