Un día después de la detención en Francia de tres etarras, que estaban preparados para atentar esta Semana Santa, ETA quiso recordar ayer que, pese al asedio policial, tiene capacidad operativa. En un comunicado publicado en el diario Gara, la banda reivindicó ocho atentados cometidos en los meses de enero y febrero, entre los que destacan los de Getxo (Vizcaya), Madrid, Denia y Villajoyosa, las dos últimas en el litoral alicantino.
Con la colocación de un coche bomba en el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid, los terroristas quisieron perjudicar a los "intereses económicos de España", según el comunicado. La bomba en el Hotel Port de Denia y el artefacto de la residencia de vacaciones del BBVA en Villajoyosa iban dirigidos contra los "intereses turísticos".
En cuanto a la bomba explosionada en el barrio de Neguri de Getxo, que hirió a un ertzaina, la intención era recordar el pago del impuesto revolucionario a la "oligarquía" del País Vasco. El comunicado de la banda señala al respecto que el objetivo del atentado eran "los bienes de los poderosos que viven en la calle Ondategi", a los que considera "los responsables políticos y económicos, que fomentan la represión contra Euskal Herria y actúan en contra de una resolución política y democrática" del conflicto vasco.
LISTA DE EMPRESARIOS Los terroristas citan de forma expresa una amplia lista de empresarios, entre los que figuran Felipe Echevarría Herrerías (Banco Zaragozano); Eduardo Fernández Valderrama Murillo (Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, e Iquinosa); Alfonso Basagoiti Zavala (expresidente de la patronal y exconsejero del Gobierno vasco); Gabriel Gutierrez Ugalde, (31 Europe); Juan Carlos Marínez González (Autobar Vacuplas S.A); y Santiago Silvan Marínez (RNE). Mencionan también a familias "significativas de la oligarquía" del País Vasco como Oraa, Ybarra, Gaytan, Zubiria, Delclaux, De la Sota y Mac Mahon.
Precisamente, uno de los tres detenidos el sábado pasado en Cap d´ Age, cerca de Montpellier, es Iñaki Arietaleaniz Tellería, considerado uno de los encargados de la gestión y cobro del impuesto revolucionario . Sus huellas han sido localizadas en una partida de 700 cartas para empresarios y estuvo preso entre 1993 y el 2002, tras una operación contra el aparato de extorsión de la banda. Actualmente estaba en libertad condicional.
En su comunicado, ETA asume la colocación de artefactos explosivos contra las empresas Grúas Goierri S.A., DHL y Mercedes Agal, en Deusto y Barakaldo, por "negarse a pagar el llamado impuesto revolucionario ".
