Desde que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata consideró que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación y lo remitiera a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla era solo cuestión de tiempo que se señalara fecha para juzgar al exnúmero dos de la policía Eugenio Pino y a su subordinado el inspector Bonifacio Díez Sevillano por la introducción irregular de un 'pendrive' en el 'caso Pujol'. La Sección 23 de la Audiencia de Madrid ha fijado entre el 9 y el 12 de junio la fecha de celebración del primer juicio por prácticas cuando menos dudosas de la policía mientras fue ministro Jorge Fernández Díaz.
La fiscalía pidió el archivo de las actuaciones al considerar que no hay indicios suficientes para juzgarles por introducir un pendrive con datos relativos al primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la causa en la que se investiga a toda la familia por delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
En cambio, la acusación popular que ejerce Podemos solicita hasta 10 años y medio de cárcel para el comisario jubilado, que también está imputado en el 'caso Villarejo' por su responsabilidad en la llamada Operación Kitchen, en la que se investiga si se vigiló al extesorero del PP Luis Bárcenas para conocer los datos de los que disponía contra el partido.
El instructor del 'caso Pujol' entendió que existía "un riesgo relevante, como consecuencia directa de instrucciones impartidas" por el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino, materializadas por el fue su asesor personal en la Dirección Adjunta Operativa, Bonificacio Díez Sevillano, "de que documentos de origen desconocido terminaran contaminando" el 'caso Pujol'.
Para el juez José de la Mata, su introducción a través de la udef en un procedimiento que lleva investigándose desde 2012, cuando Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Sarasola, denunció que llevaba dinero a Andorra y que ella le había acompañado, suponía "hacer trampas", prohibidas, "singularmente, a los poderes públicos y agentes de la autoridad", lo que entendía constitutivo de los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio.
