Los fiscales Diego Villafañe y José Luis García solicitaron ayer el archivo de la investigación por las cargas de la Policía Nacional en los centros de votación durante el 1-O del 2017 en Barcelona, al considerar que los agentes se vieron obligados «a hacer uso de la fuerza legítima y proporcionada» frente a una «actitud de resistencia y hostilidad de cientos de miles de ciudadanos».
El texto subraya que no existe «dato o indicio alguno que permita sospechar, después de más de dos años de investigación, de una intervención policial global desproporcionada, ni en la gestión y dirección del operativo, ni en su desarrollo y evolución». Los fiscales sustentan parte de su tesis en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.
Desde hace días, la fiscalía estaba analizando pedir al juez el sobreseimiento de las 26 piezas separadas, una por cada centro de votación. Tras la declaración de ayer por la mañana de los últimos mandos imputados, presentó su escrito de 62 folios. Reclama el archivo, pero también que continúe el proceso por acciones «individualizadas» de seis agentes a los que se les atribuye lesiones o maltrato y que se siga investigando el lanzamiento de una pelota de goma policial que hirió en un ojo a una persona.
El ministerio público, además de valorar las pruebas recopiladas, enfatiza sobre la sentencia del procés y su proyección en la investigación sobre las cargas. Los fiscales estiman que el fallo del Tribunal Supremo «guarda íntima» relación con el objeto las pesquisas y afianzan su tesis sobre la «adecuación legal» de la intervención de la policía.
El texto precisa que la actuación de la policía fue motivada, como recoge el Supremo, por la inactividad de los Mossos y que su proceder no iba dirigido hacia los ciudadanos que acudieron a votar, sino hacia aquellos «que obstaculizaron, impidieron y entorpecieron la intervención policial» ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
