La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que impute al expresidente de esta comunidad Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por apreciar indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit.
El Ministerio público presentará a lo largo de la mañana de este lunes un escrito de alegaciones a la exposición razonada que realizó el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, el pasado mayo en el que proponía al TSJV que asumiera la instrucción en lo que se refería a los hechos de Valencia. En base a los alegatos de las partes, el TSJCV deberá resolver ahora si acepta o no la competencia para instruir los hechos relativos a ambos aforados.
El Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del 'caso Nóos' a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.
"Deseo de doblegarse" a Urdangarin
En su escrito, el juez Castro subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "solo al deseo" de Camps y Barberá de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general", sino "solo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortesmente que se planteasen no dejaban de serlo", del duque de Palma.
El magistrado destacaba la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás --a finales de 2005--, lo que no es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.
