Un despropósito. Un juez que decide sentenciar un auto de procesamiento dictado por otro colega, una orden de extradición que se pierde en la Corte de Apelación de París, otro que se niega a decretar la prisión provisional hasta que Francia encuentre los papeles. Esta secuencia no es el guión de una mala película, sino los motivos que han llevado a la calle a la etarra Maite Aranalde, que fue entregada por Francia el pasado martes después de haber sido condenada a seis años de cárcel por asociación de malhechores.

Aranalde estaba reclamada por los juzgados número cinco y número uno de la Audiencia Nacional. En el primero está procesada por tenencia de explosivos y en el segundo por estragos causados tras haber colocado presuntamente varias bombas en gasolineras de Madrid en diciembre del 2004.

Baltasar Garzón, titular del juzgado número cinco, se encuentra de vacaciones y ha sido sustituido por Eloy Velasco. Este magistrado se negó a decretar la prisión de la etarra porque su novio fue absuelto por los mismos hechos. Por ello, consideró que Aranalde puede tener la misma suerte. A pesar de ello, le impuso una fianza de 12.000 euros y la prohibición de salir del territorio nacional. Sin embargo, se negó a devolverla a Francia, como le solicitó el fiscal, según fuentes jurídicas.

OTRAS SOLUCIONES Ante esta situación, la fiscalía de la Audiencia buscó otras soluciones y se dirigió al juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número uno, al que reclamó el ingreso en prisión de la etarra hasta que Francia autorice que sea juzgada por estragos terroristas. Pero Pedraz tampoco atendió la petición.

La fiscalía, como último recurso, se puso en contacto con sus colegas en París y con la policía francesa para que localizaran urgentemente la petición de extradición de Pedraz, que fue remitida en febrero por fax y por correo. De nuevo, la impotencia recorrió las dependencias de la fiscalía porque la orden ha desaparecido de los juzgados franceses, aunque sí que aparece en los archivos policiales.

Ante este cúmulo de despropósitos, a la fiscalía solo le queda recurrir la decisión del juez Velasco, al que hoy pedirán que reconsidere mandar a la terrorista a la cárcel, que le imponga la obligación de acudir cada día al juez o que la someta a vigilancia policial. Aranalde huyó a Francia en el 2002.

EL VETO JUDICIAL La única victoria la obtuvo la fiscalía en el juzgado de Ismael Moreno. Este magistrado prohibió que la presunta etarra fuera homenajeada ayer cuando llegara a su pueblo, Ibarra (Vizcaya). El magistrado impuso el veto al acto al considerar que estaba organizado por la formación aberzale ilegalizada Askatasuna, y que "se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes con ocasión de su excarcelación". La orden judicial la hizo efectiva la Ertzaintza.