El Tribunal Supremo va a poner a prueba la credibilidad de Mariano Rajoy, que en diversas ocasiones se ha comprometido a echar del partido a los militantes que se demuestre que estaban implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira remitió ayer el caso Gürtel al Supremo al hallar pruebas que implican al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, en un delito fiscal y otro de cohecho, y al diputado Jesús Merino y el exeuroparlamentario Gerardo Galeote por cohecho. El juez ha asumido la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora ha visto indicios de delito en la actividad de los dirigentes populares. Y Galeote ha perdido su fuero tras las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio.

El magistrado recoge en su escrito el informe de la Agencia Tributaria que acredita que Bárcenas no declaró al erario el dinero que presuntamente recibió de la trama de Correa. Este dinero lo percibió desde el 2003. Por ello, el delito fiscal prescribe el próximo 1 de julio. Sin embargo, fuentes jurídicas creen que esa prescripción se ha interrumpido por la decisión del juez de remitir el caso al Supremo.

LOS PLAZOS La sala de admisión del Supremo pedirá un informe a la fiscalía de esta sede judicial antes de decidir si se declara competente para investigar "la totalidad" de la trama --como le propone Pedreira-- o solo la parte que afecta a los aforados. Los tres aforados han reiterado su inocencia.

La policía ya había investigado a Bárcenas después de que cancelara un crédito bancario con billetes de 500 euros. Además, el tesorero popular ha acumulado en los últimos años un importante patrimonio inmobiliario. Es dueño de tres casas, en Madrid, Marbella y Baqueira Beret. El juez Baltasar Garzón --primer instructor del caso Gürtel -- le acusó de haber percibido de la trama corrupta 1.353.000 euros.

El magistrado reveló que Bárcenas y Merino habían participado en la "adjudicación amañanada" de una obra de una carretera de León a la empresa Teconsa, que cedió el 3% del presupuesto de la construcción a Correa para que lo repartiera "entre todas las personas que, al parecer, hicieron posible la adjudicación".

Además, Garzón detalló el dinero que presuntamente cobró el tesorero de la contabilidad de la trama corrupta. En estos documentos se ocultaba su identidad con el apodo de el cabrón . La policía explicó que los miembros de la organización le llamaban así "porque no les daba trabajo y les había cortado el que tenían". Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional explicó que Correa había reconocido que "cobraba comisiones por obras y adjudicaciones y que se las entregaba" al tesorero del PP. Otras personas también explicaron que Bárcenas "era la persona dentro del partido que les daba trabajo para las empresas de acontecimientos". Y el chófer del jefe de la trama, Domingo Magariños, explicó que iba a la sede del PP en Madrid a ver al tesorero y recoger cheques a nombre de la empresa de Correa por importes pequeños.

Fuentes de la investigación han recordado que el Código Penal no recoge el delito de financiación ilegal de partidos. Por ello, este tipo de actuaciones se encuadran en delitos de cohecho o tráfico de influencias.

RELACION DESDE 1996 El juez de la Audiencia Nacional también acusó a Galeote de haber cobrado 628.310 euros de la red. Además, Correa le regaló dos todoterrenos Land Rover de 12.000 euros cada uno. El exeurodiputado aparece relacionado con esta trama desde 1996. A su nombre figuran facturas pagadas por la red por compra de telas, reservas de apartamentos e ingresos en bancos extranjeros. El juez del TSJM seguirá investigando hasta que el Supremo se declare competente. Mientras, Pedreira practicará diligencias "para evitar perjuicio tanto al servicio público como al funcionamiento de las instituciones".