El juez Baltasar Garzón aplazó hasta el martes su decisión de suspender las actividades de Democracia 3 Millones (D3M) y Askatasuna tras interrogar a 13 dirigentes de estas fuerzas a los que imputa un delito de integración en ETA. Mientras, el Tribunal Supremo terminará hoy sus deliberaciones sobre las demandas de impugnación contra estas candidaturas radicales presentadas por el Gobierno y la fiscalía.
El magistrado obliga al presidente y al secretario de Askatasuna, José Antonio Munduate y Xabier Isasa, y al representante de D3M, Fernando Antia, a presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio. Los imputados se negaron a declarar y fueron defendidos por dos letrados diferentes.
El martes, los abogados contestarán al escrito de la fiscalía que reclama la suspensión de ambas fuerzas porque han sido creadas para que ETA mantenga su presencia en las instituciones. La demanda es muy similar a las presentadas por la fiscalía de lo contencioso-administrativo del Supremo y por la Abogacía del Estado ante la sala del artículo 61 de esta sede judicial.
La sala especial del alto tribunal recibió ayer las alegaciones de D3M contra la anulación de sus listas. Askatasuna tenía que presentar las suyas antes de las dos de la madrugada del sábado. De momento, los jueces ya han acordado que estas fuerzas no reciban una copia de los censos.
LOS PLAZOS El Tribunal Supremo tiene que resolver las demandas antes del domingo. Su decisión solo afecta a las candidaturas electorales, aunque, si acepta las demandas contra D3M, la agrupación electoral quedará fuera del mapa electoral. Sin embargo, Askatasuna puede seguir funcionando como partido, aunque sin candidatos para el 1-M.
Tras este proceso, le llegará el turno al Constitucional, que tendrá que ratificar o anular la decisión del Supremo. El Constitucional tiene que pronunciarse antes del viernes 13.
