Garzón detiene a un noveno implicado en el ´caso Pretoria´

Tras pasar la noche del martes en la comandancia de la Guardia Civil, los ocho detenidos en Cataluña, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU), Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, declararon ayer ante los agentes, a la espera de ser trasladados hoy a Madrid.

Precisamente en Madrid fue arrestado ayer por orden de Garzón otro supuesto implicado en la trama, Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, una empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma de Gramenet.

La operación Pretoria ha provocado una gran conmoción política y social en Cataluña, que aún permanecía bajo el impacto del escándalo de corrupción del caso Palau , lo que ha llevado incluso al presidente de la Generalitat, José Montilla, a lanzar un mensaje de confianza en las instituciones públicas, pese a entender la "alarma social" e "irritación" de la ciudadanía.

IRREGULARIDADES EN EL 2003 En cualquier caso, ayer se supo que la Sindicatura de Comptes (órgano que se encarga de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable del sector público catalán, y del control de eficiencia de la Generalitat) halló en el 2003 irregularidades en varios aspectos de la gestión de Bartomeu Muñoz al frente del ayuntamiento, como en la adjudicación de obras, aunque ningún grupo del Parlament quiso analizar y debatir el informe cuando se recibió en el 2007.

En el estudio, la Sindicatura de Comptes analizaba minuciosamente tres áreas de gestión del consistorio en las que detectó varias irregularidades, como en el impuesto sobre las plusvalías de terrenos de naturaleza urbana, la gestión de personal y las inversiones reales y su financiación.

La auditoría desvela incluso que había dos obras, presupuestadas en 496.003 euros en total, que se hicieron sin formalizar el preceptivo expediente administrativo, lo que el informe ya advertía que podría derivar en responsabilidades administrativas.

También había otros dos expedientes en los que la propuesta a la comisión de gobierno para que aprobara la adjudicación era anterior a la propuesta de la mesa de contratación.

Asimismo, la Sindicatura también detectó la existencia de tres expedientes de obras en los que en primer lugar se presentaron las ofertas de los adjudicatarios y posteriormente se aprobó el proyecto y el pliego de condiciones.

Este informe llegó al Parlament en el segundo semestre del 2007 aunque, pese a las irregularidades detectadas, ningún grupo de la Cámara pidió que fuera presentado en comisión para poder analizarlo y debatirlo.

OPERACIONES URBANISTICAS Precisamente, parte de la investigación de Garzón se centra en operaciones urbanísticas de dudosa legalidad, como la de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), donde el exdiputado socialista Luis García, también detenido, ganó al menos dos millones de euros en dos años gracias a una recalificación de terrenos.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet trató ayer de recuperar la normalidad con la vuelta al trabajo de todos los funcionarios para atender a los vecinos bajo el mando de un alcalde accidental, Joan Carles Mas (PSC), que por la mañana ha acudido también a la comisaría de Sant Andreu de la Barca a declarar como testigo.

La empresa pública de Santa Coloma de Gramenet Gramepark, encargada de adjudicar buena parte de las obras públicas locales y que preside Manuel Dobarco, uno de los detenidos en la operación, se ha destacado por los desajustes en su gestión, con adjudicaciones de obras incluso antes de que el ayuntamiento le hiciera el encargo, informa David Placer.

Dobarco es también el tercer teniente de alcalde responsable de Urbanismo y del espacio público. Desde estos cargos, el político ha primado a la constructora Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, es otro de los detenidos en la redada ordenada por el juez Baltasar Garzón.