El pago de la onerosa factura sanitaria acarreará, a partir del próximo año, fuertes subidas del alcohol, el tabaco y los carburantes. El Gobierno ha decidido que en el 2006 aumentará por encima del 2% --la inflación prevista-- el tramo estatal de los impuestos especiales, y también que habrá más incrementos, al menos hasta el 2008. Fuentes oficiales avanzan que la recaudación extra que obtenga el Estado servirá para cubrir el agujero sanitario de las autonomías que eleven la presión fiscal sobre estos tributos, de los que gestionan el 40%.

En los presupuestos del 2006 el vicepresidente económico, Pedro Solbes, está dispuesto a extraer de las arcas del Estado una cifra importante --aún por negociar-- para compensar una parte del galopante déficit sanitario de las comunidades autónomas. Pero para complementar esa cantidad, a negociar con los gobiernos autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para el próximo día 26 de este mes, el titular de Economía ha optado por aplicar un incremento de los impuestos indirectos, que no descansan sobre el bolsillo de los contribuyentes, sino sobre el de los consumidores.

LA ETAPA DEL PP Para justificar esta medida, fuentes del Ejecutivo aportan varios argumentos. Recuerdan en primera instancia que en la etapa del Partido Popular los impuestos del alcohol y el tabaco estuvieron congelados durante dos años, y que en los presupuestos del 2005 Solbes se limitó a elevarlos un 2% para ajustarlos al índice de precios al consumo (IPC).

Los responsables del Gobierno apuntan también que la fiscalidad de estos productos en España es muy inferior a la media europea, y que en Francia los sucesivos aumentos impositivos, cercanos al 40% en los últimos dos años, han reducido el número de fumadores, sobre todo entre los jóvenes. Y, por último, el Ejecutivo alega que las enfermedades que causa el consumo de tabaco encarecen notablemente el gasto sanitario. Por ejemplo en Cataluña, según los cálculos del Departamento de Sanidad, el tratamiento de las patologías asociadas al tabaquismo le cuestan a la Generalitat catalana 550 millones de euros al año, mientras que el impuesto del tabaco sólo le reporta 460 millones.

En cuanto a los carburantes, Pedro Solbes sostiene que, pese al impacto que su precio tiene sobre la inflación, España dispone de un amplio margen para gravarlos más. Entre otras cosas, porque así lo aconseja la doctrina de armonización fiscal de la Unión Europea.

Con estas impopulares iniciativas el Gobierno pretende dar ejemplo a las autonomías y, de paso, forzarlas a realizar un mayor esfuerzo fiscal para sufragar la sanidad. Tanto Solbes como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, han adelantado a las comunidades que el primero en subir los impuestos especiales será el Gobierno --gestiona el 60%--, pero que ellas deberán aumentar su tramo del 40% para tener la ayuda estatal destinada a la sanidad. Para ello, obtendrán capacidad normativa de la que ahora carecen, y el recargo que ya pueden fijar sobre los carburantes -el céntimo sanitario -- será más elevado.

ESFUERZO COMPARTIDO Al margen de una aportación económica inicial en el 2006 para corregir el aumento de la población y su progresivo envejecimiento, el Ejecutivo proyecta compartir el esfuerzo fiscal con las autonomías.

Cada año les entregará una cifra idéntica a los ingresos que prevean recaudar gracias a la subida de sus impuestos. Las comunidades que los bajen o los congelen no podrán acceder a esos recursos extra.