El responsable de la Guardia Civil en Asturias cuando sucedieron los atentados del 11-M, Pedro Laguna, aseguró hoy que tras investigar en 2003 las informaciones sobre un supuesto tráfico de explosivos en la zona "no sacaron nada" y derivaron la investigación a una trama de droga.Así lo manifestó Laguna, que ocupó ese cargo desde abril de 2001 hasta junio de 2004, en la trigésimo cuarta jornada del juicio al relatar la investigación que llevaron a cabo tras tener conocimiento de que los acusados Antonio Toro Y José Emilio Suárez Trashorras pretendían vender 150 kilos explosivos. Estos datos, explicó el testigo, los facilitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero de 2003, lo que coincidía con lo manifestado por el presunto narcotraficante José Ignacio Fernández Díaz, "Nayo", en la prisión asturiana de Villabona y a lo dicho por el ex confidente Francisco Javier Lavandera en la denominada "operación Serpiente".

Por ello, añadió Laguna, ordenó al jefe de la comandancia de Oviedo que formaran un equipo mixto con el apoyo de la "la gente de Gijón" para investigar esos datos y señaló que en el mes de junio los responsables le comunicaron que "de los explosivos no sacaron nada" y por ello decidieron "derivar la investigación a la droga". "Yo no sé los entresijos de la investigación", destacó Laguna, que añadió que son los responsables de las comandancias de Oviedo y Gijón, de los que dijo que eran "jefes operativos autónomos", y que su cargo era el de "un mando de dirección, de control y de coordinación" de la zona.

Al ser preguntado por una de las acusaciones si él ordenó algo respecto a los acusados Toro y Trashorras, insistió en que él no tenía que ordenar nada y que esa labor correspondía a los responsables que llevaban la investigación. También señaló que durante 2004 no tuvo conocimiento de ninguna otra información facilitada por confidentes policiales acerca de tráfico de explosivos.

Tras este testimonio declaró el ex jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón José Antonio Rodríguez Bolinaga, que subrayó que en 2003 "Oviedo no pasó la información" sobre el tráfico de explosivos, sino que "pidió colaboración" y recalcó que "Gijón le dio toda la colaboración, toda la colaboración que solicitó".

Señaló que en el grupo mixto que formaron su departamento facilitó la información del confidente Lavandera, de quien señaló que los datos que facilitó en la entrevista que mantuvo con el agente Jesús Campillo en agosto de 2001, era una información que ya conocía la Policía Nacional puesto que el confidente se lo había revelado en el marco de la "operación Pipol" en la primavera de 2001. "Nuestra investigación no prospera porque vamos detrás de lo que la Policía Nacional ya había explotado en la Pipol", por la que Toro y Trashorras han sido condenados recientemente por tráfico de explosivos y drogas a 10 años de cárcel.

También dijo que Campillo grabó la conversación que mantuvo con Lavandera el 29 de agosto de 2001, pero que hasta el 16 de octubre de 2004 no tuvo en su poder esa cinta, de la que recordó que apareció ese mes en el puesto de Cancienes (Asurias) y que debido a este asunto "fui cesado en mi comandancia".

Durante la sesión vespertina también declaró el presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia, quien explicó que envió varias cartas al Ministerio del Interior para denunciar la "dejación" en la custodia de los explosivos por parte del Estado, en concreto, de la Guardia Civil.

Añadió además que propusieron que se realizara la distribución de los explosivos bajo pedido en el mismo día que los fueran a utilizar, ya que debido a la "rigidez" de los horarios de los grandes polvorines que almacenaban y distribuían el material explosivo, muchas veces "los explosivos tuvieran que dormir en la mina sin control".