No puede decirse que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) haya sido maltratada o minusvalorada por el actual Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contra el que se dirigieron gritos de protesta en la manifestación del sábado pasado en Madrid. Por el contrario, el Gobierno socialista concedió el pasado 7 de diciembre a la AVT la declaración de entidad de utilidad pública. La orden permite a la AVT recibir ayudas de personas y sociedades con los correspondientes descuentos fiscales. Tras ese reconocimiento, la AVT abrió una cuenta en una entidad bancaria y publicitó los descuentos fiscales del 25% de deducción en la cuota del IRPF y del 35% del importe de los donativos en la cuota minorada del Impuesto de Sociedades.

La medida del Ejecutivo contribuye a que la asociación pueda hacer su tarea con dignidad y resolver los problemas económicos que fueron detectados en el 2002, y sustentaron un año después en una auditoría que reveló una mala administración. Tras una investigación interna, dirigida por Luis Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía, asesinado por ETA, la AVT renovó su dirección.

Hace dos años se desvinculó de la AVT la Asociación Catalana de Víctimas, cuyo presidente, Roberto Manrique, dijo ayer que aquella separación se debió al sesgo partidista que estaba adquiriendo la AVT.