IU ha presentado una iniciativa en el Congreso con la que pretende limitar el salario de los altos cargos públicos y evitar que cuenten con más de una fuente de ingresos, una propuesta que va más allá y salpica a las empresas privadas, al pedir no reciban ayudas si no limitan los sueldos de sus directivos. El coordinador general de IU, Cayo Lara, y el responsable de Economía de la formación, José Antonio García Rubio, han presentado en rueda de prensa esta iniciativa -la quinta que esta formación propone en los últimos años-, y que está dirigida a regular los salarios de los altos cargos públicos, pero también de los miembros de partidos políticos, sindicatos o confesiones religiosas siempre que reciban ayudas del Estado. Lara se ha mostrado partidario de fijar una especie de "salario máximo interprofesional" de la misma manera que está establecido un "raquítico" salario mínimo, y que en el caso de los cargos públicos del Estado (incluida la Casa del Rey), las comunidades autónomas o los ayuntamientos no debería superar en ningún caso el sueldo del presidente del Gobierno (que en 2011 es algo más de 78.000 euros). Estos cargos públicos no podrán tener, según la propuesta de IU, más de una fuente de ingresos, evitando duplicidades como las que afectan a Felipe González y José María Aznar (que cobran sueldos de empresas privadas y su pensión como expresidentes), o a la dirigente popular María Dolores de Cospedal, a la que corresponden ingresos por parte del PP, del Parlamento de Castilla-La Mancha y del Senado. IU sostiene que, ya que el Estado no puede legislar sobre los salarios que fijan las empresas privadas, sí puede, al menos, impedir que reciban ayudas, subvenciones, exenciones fiscales o desgravaciones aquellas que no limiten las retribuciones de sus altos cargos. "Ni una sola ayuda para subvencionar salarios exagerados", ha argumentado García Rubio. También dispone la propuesta que aquellas empresas que presenten ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) deberán pagar a sus directivos un salario que, como mucho, sea cinco veces más que el sueldo del trabajador que menos cobra (incluidos los bonus o las retribuciones que no sean en moneda), o tipificar como delito que las empresas que presenten beneficios puedan hacer despidos masivos alegando riesgo de problemas económicos futuros. García Rubio ha explicado que su propuesta fija como fecha para limitar los sueldos de los cargos públicos del Estado el 1 de enero de 2012, mientras que en el caso de los cargos de las comunidades autónomas o ayuntamientos se podría limitar ya desde el día después de la celebración de las elecciones. Cayo Lara se ha referido también al pacto por el euro acordado el pasado viernes por la UE y que prevé medidas como el ajuste de los salarios a la productividad, el retraso en la edad de jubilación o una mayor coordinación en el impuesto sobre sociedades. Ha lamentado, en este sentido, que el Gobierno español se haya sumado a este acuerdo, incluso que "casi haya sido el primero de la clase", porque supone "una vuelta de tuerca más" al recorte de los derechos laborales y sociales. Lara ha considerado que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "está ya amortizado", y "no tiene credibilidad", y por eso a IU "no le da ni frío ni calor" el debate sucesorio en el seno del PSOE, que no es más que una "cortina de humo" para ocultar el "drama" del desempleo. "Zapatero se ha divorciado de la base social que le llevó a La Moncloa", ha advertido, tras explicar que IU ha detectado que muchos votantes socialistas se sienten "agredidos" por las políticas neoliberales del Gobierno y están dispuestos a cambiar su voto hacia la formación de izquierdas.