El juez José Castro ha abierto el camino para la posible imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el 'caso Nóos'. El magistrado ha solicitado a las Corts valencianas que certifiquen si Camps y Barberá son diputados, ya que ha observado indicios delictivos en su comportamiento que pueden obligar, por razones competenciales y de aforamiento, a desgajar esta parte de la causa y remitirla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Instituto Nóos organizó tres ediciones del Valencia Summit por 3,2 millones de euros y cobró 382.000 euros por unos juegos europeos que no llegaron a celebrarse. El expresidente balear Jaume Matas se ha quejado en numerosas ocasiones de que por una actuación simular él estuviera imputado y Camps, no.

Batería de pruebas

En un extenso auto dictado este viernes por la mañana, Castro ha ordenado además una batería de pruebas para ahondar en la investigación fiscal a la infanta Cristina y a la empresa Aizóon, que comparten los duques de Palma, y ha incorporado a la causa las declaraciones de renta de la hija del Rey. "Nada se da por zanjado. La investigación continúa", declaró el magistrado al salir del juzgado, en relación con el informe en el que trabaja la Agencia Tributaria y del que se ha filtrado que no hay comportamiento ilícito desde el punto de vista fiscal por parte de la infanta Cristina.

Unas conclusiones que se han trasladado antes de que el juez, de forma oficial, haya solicitado dicho informe, siguiendo el mandato de la Audiencia Provincial de Palma, que revocó el auto de imputación de la infanta, pero instó a profundizar en el estudio de su actuación tributaria. Castro investigará a fondo el comportamiento tributario de Cristina entre el 2007 y el 2010.

Documentos que vulneran la intimidad

El juez acuerda, además, dejar sobre la mesa para su estudio los documentos aportados por Diego Torres, exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, relativos a la reunión en la Zarzuela, el 20 de enero del 2004, en la participaron Camps y Barberá. Además, le requiere que "en lo sucesivo se abstenga de presentar cualquier documento que implique una intromisión en la esfera de la intimidad ajena".

En el auto, de 46 páginas y contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Palma, el juez cita a declarar a nuevos testigos y vuelve a convocar como imputado a Miguel Zorío, proveedor y cliente del Instituto Nóos que intermedió en la operación de los Juegos Europeos.