Pese a los indicios de delito, no se justifica el ingreso en la cárcel. Este es el principal argumento esgrimido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Roquetas de Mar (Almería) para desestimar la petición de prisión pedida por el fiscal para el teniente José Manuel R. y otro de los ocho agentes imputados por la muerte de Juan Martínez Galdeano, el pasado 24 de julio en el patio del cuartel, tras ser reducido de forma violenta.
Los nueve imputados quedaron en libertad con cargos sin la necesidad siquiera de presentarse ante el juzgado en determinadas fechas. La magistrada Estefanía López entendió que, pese a haber indicios de extralimitación de funciones, ni hay riesgo de fuga ni posibilidades de que destruyan pruebas porque están apartados de sus funciones.
La juez adoptó esta decisión en contra del criterio de la fiscalía que, avalada con la significativa presencia del fiscal jefe de Almería, Juan Oña, solicitó el ingreso en prisión del teniente y uno de los agentes. La fiscalía consideró que ambos "se extralimitaron en sus funciones, dispensaron un trato degradante en su calidad de autoridades y utilizaron medios violentos".
El fiscal jefe de Almería contestó que "la fiscalía no recibe indicaciones del Gobierno ni instrucciones de nadie" a una pregunta en la puerta de los juzgados, justo antes de empezar las declaraciones. No se pronunció sobre las manifestaciones del Ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien había dicho que los agentes estaban dificultando la investigación.
SALIDA CON PROTECCION Pasadas las 19.30 horas, todos los imputados --la juez solicitó también la presencia de los siete agentes que ya habían declarado--, salieron por la puerta lateral del juzgado protegidos por sus propios compañeros, que no sólo garantizaron un cordón de seguridad para protegerles físicamente, sino también una barrera visual con sus escudos para que las cámaras no captaran su imagen. Nada pudieron hacer, sin embargo, para acallar los gritos de "asesinos". Hoy está previsto que los imputados vuelvan a declarar pero, en esta ocasión, ante la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en relación al expediente sancionador que se les ha abierto.
Fuentes judiciales explicaron que el teniente orientó toda su declaración a justificar su actuación, que considera correcta. Hay que destacar que, pese a ser perfectamente legal, no es habitual que los jueces adopten decisiones contrarias a la fiscalía.
"Parece inferirse una extralimitación en sus funciones y una actividad presuntamente delictiva", argumenta la juez en su resolución, tras tener en cuenta lo que ha visto en las imágenes de vídeo y escuchado de las declaraciones de los imputados. "Pero en el momento actual de la investigación --añade--, a la espera de los resultados forenses definitivos sobre las concausas de la muerte, no puede afirmarse contundentemente la relación causal entre la actuación de los imputados y el fallecimiento del detenido". Los resultados a los que alude la magistrada son los toxicológicos del cadáver.
SIN PELIGRO DE HUIDA La juez entiende que no se dan los preceptos para aplicar la prisión provisional. No hay riesgo de fuga --"no existe riesgo de que el teniente y el agente de la Guardia Civil se sustraigan a la acción de la justicia dado el arraigo que tienen en nuestro territorio"-- ni de que vuelvan a reiterar su delito, ni de que atenten contra la familia de la víctima, o bien destruyan u oculten pruebas.
La juez recuerda en su resolución que la finalidad de la prisión preventiva no es que el imputado "abone por adelantado la pena que pueda imponérsele en caso de ser condenado ni mucho menos satisfacer las exigencias de la opinión pública". Y abundó sobre este último punto: "La alarma social y el clamor popular no pueden fundamentar una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva ni pueden nublar la perspectiva de la actuación judicial que ha de caracterizarse por la prudencia, la independencia y, por encima de todo, la legalidad".
La magistrada contestaba así al argumento de la "alarma social" planteado por el abogado José María Cantalejo, que representa a la familia del fallecido para solicitar la prisión del teniente y de uno de los agentes. Cantalejo anunció que recurrirá la decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Almería.
PROCESO HABITUAL Más satisfecho estaba el letrado de los agentes imputados, Gustavo Arduán, que vio cómo la juez se sumaba a sus argumentos. La causa judicial seguirá el proceso habitual con la práctica de las pruebas y diligencias que han solicitado las partes, entre las que destacan la declaración de los testigos que aseguraron haber visto la agresión a Galdeano.
