El Ministerio de Justicia ha notificado al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales la resolución en la que se establecen los servicios mínimos de la huelga que realizará este colectivo el próximo jueves en la Comunidad de Madrid.
Según la resolución del pasado viernes, la Administración de Justicia establece como servicios mínimos las actuaciones del registro civil de naturaleza registral, además de todas aquellos procesos que puedan causar un perjuicio irreparable de derechos, medidas cautelares y provisionales y la guardia de juzgados y juicios orales de orden penal en causas con preso.
Entre los servicios mínimos Justicia ha estipulado la necesidad de un 20 por ciento de secretarios judiciales en el Tribunal Supremo, así como en las Salas de Tribunales Superiores de Justicia, y un 30 por ciento de los secretarios judiciales destinados a cada Audiencia Provincial.
El comité de huelga de este colectivo reprocha a Justicia que no haya modificado su propuesta inicial de servicios mínimos, a pesar de la "oposición frontal" que el comité realizó proponiendo unos puntos más "equitativos y realistas".
El colectivo critica "la falta de talento negociador" por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y denuncia que se sienten "ninguneados", a pesar de que el propio ministro ha calificado a los secretarios judiciales, jueces y fiscales como "piedra angular de la reforma de la justicia".
Así, finalmente, el comité de huelga del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales ha convocado a todos los secretarios judiciales que secunden la huelga en un salón de actos habilitado en el los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla a partir de las 09.00 de la mañana del próximo jueves.
La convocatoria se produce un mes y medio después de la huelga convocada el 20 de febrero por todas las asociaciones judiciales, excepto la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.
Los colectivos que secundaron el paro reivindicaban la paralización de la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, la modificación de ley de tasas judiciales y la dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, además de otras reivindicaciones.
Tras la huelga y, a instancias del Ministerio de Justicia, Ruiz-Gallardón recibió el día 11 de marzo a los colectivos de jueces, fiscales y secretarios judiciales para analizar las reformas emprendidas.
En esa misma reunión los secretarios judiciales ya avisaron a Justicia de la convocatoria de huelga de este jueves, "un mal que nadie desea en la justicia madrileña" y que el propio ministro, dicen, no ha hecho "absolutamente nada" para evitarlo.
