La Guardia Civil detuvo ayer a ocho personas con responsabilidades en empresas vinculadas al diario Egunkaria --que fue cerrado por orden judicial el pasado mes de febrero-- por presunta relación con una trama empresarial de blanqueo de dinero, según el Ministerio del Interior. Fuentes de la investigación aseguraron que las empresas del "entramado de Egunkaria " manejaron más de 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) de origen desconocido entre 1990 y la actualidad y que, durante cinco ejercicios, no declararon a las Haciendas Forales.
En la operación se practicaron 13 registros, entre ellos el del diario Berria , sustituto del clausurado y situado en Andoain (Guipúzcoa), y el de Gráficas Lizarra, en Navarra. Las detenciones fueron ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien en anteriores resoluciones ha vinculado al entorno de Egunkaria con la financiación de ETA. Entre los detenidos destacan José María Sors, de 52 años, gerente de la editora Zabaltzen; Francisco Javier Legarra, contable de esta empresa; Juan Mari Larrarte, portavoz de los trabajadores de Egunkaria ; y Mikel Sorzabal, responsable financiero de ese diario.
FINANCIACION
El ministro del Interior, Angel Acebes, señaló ayer que las detenciones eran consecuencia de una investigación "relacionada con irregularidades económicas, contables, el destino de subvenciones y posibles delitos de blanqueo". Según un informe de la Guardia Civil, ETA ha participado en la financiación de Egunkaria S.A., y controlaba su Consejo de Administración.
Los nacionalistas y el Ejecutivo vasco pusieron ayer en duda la existencia de pruebas contra los ocho detenidos. Además, exigieron que no haya torturas como, según dijeron, las denunciadas en su momento por el director del diario Egunkaria , Martxelo Otamendi.
Por otra parte, el historiador Martín Ugalde, que era presidente de honor de Egunkaria cuando se cerró el diario, será premiado hoy con el galardón al Vasco Universal, que concede el Ejecutivo vasco. Ugalde no fue imputado en las acusaciones judiciales, pero sus cuentas están embargadas por la justicia.
