El Gobierno desea cumplir los compromisos derivados del Estatuto catalán y sellar un acuerdo con la Generalitat antes del 9 de agosto sobre las grandes líneas del nuevo sistema de financiación autonómica. Así lo indicó ayer el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que quiso atajar los rumores sobre una supuesta pretensión del Gobierno de aplazar hasta el 2010 la entrada en vigor de la nueva financiación. "No hay ningún retraso, ni ninguna espera al fallo de Constitucional: nuestro objetivo es llegar a acuerdos antes del verano para tramitar la LOFCA ley de financiación justo después, y que entre en vigor en el 2009", subrayó.
Pero los preceptos sobre la financiación se podrán aplicar "de forma gradual atendiendo a su viabilidad financiera" en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor del texto. Es decir, hasta el 2011.
Solbes pidió paciencia a las autonomías, porque, a su juicio, el reciente nombramiento del nuevo secretario general de Financiación Autonómica, Juan Manuel López Carbajo, aconseja no precipitar las conversaciones. Y reiteró que el objetivo de la negociación será reforzar la autonomía financiera de las comunidades ante el Estado, garantizando la solidaridad y la convergencia regional. "Nuestra idea es que no haya perdedores; se puede pedir un esfuerzo al Estado, pero el esfuerzo que se puede hacer, después de los que ha hecho en los últimos años, no puede ser significativo", concluyó. Pero la carencia de recursos que pretexta el vicepresidente, fruto de la crisis económica, también se ceba en las arcas autonómicas. Algunas tendrán serios problemas para confeccionar el presupuesto del 2009 si el Estado no garantiza ingresos adicionales.
El Ministerio de Economía ya ha pergeñado una solución para aliviar la asfixia autonómica en el 2009. En caso de que no fuera posible el acuerdo con todas las autonomías este año, o si este se alcanzara demasiado tarde como para tramitar en las Cortes las 16 leyes precisas, el Gobierno está dispuesto a pagar un anticipo a las comunidades el próximo año mediante la actualización de los censos de población.
La cifra de los recursos que percibe cada autonomía depende en gran medida de su número de habitantes: a más población, mayor coste de los servicios públicos que presta a los ciudadanos. Pero el Gobierno sabe que cuando revise el censo, sea para aplicar el acuerdo sobre el nuevo modelo o como anticipo, deberá compensar a los territorios que han perdido población para que no sufran pérdidas.
